Mediante un nuevo decreto, el Ejecutivo extendió la intervención de la empresa estatal que gestiona más de 6.000 kilómetros de rutas, como parte del plan de privatizaciones impulsado por la Ley Bases.

El Gobierno nacional, a través del Decreto N° 464/2025 publicado el miércoles en el Boletín Oficial, prorrogó la intervención de la empresa Corredores Viales S.A., en el contexto del proceso de disolución y privatización dispuesto por la Ley N° 27.742, Ley Bases y el Decreto N° 97/25.
La medida contempla la continuidad de la licenciada Anastasia María de los Ángeles Adem como interventora, quien fue designada al inicio del proceso y continuará al frente de la transición hacia el régimen de concesión privada.
Según detalla el decreto, la prórroga responde a la necesidad de completar el procedimiento de disolución de la empresa , que se enmarca en el modelo de concesión de obra pública por peaje, establecido en la Ley N° 17.520. El proceso es encabezado por el Ministerio de Economía con el apoyo de la Unidad Ejecutora Especial Temporaria «Agencia de Transformación de Empresas Públicas».
La decisión del Ejecutivo se basa en un informe elevado por la propia interventora, quien detalló múltiples falencias heredadas en la gestión de Corredores Viales S.A., incluyendo desorganización administrativa, deficiencias financieras, irregularidades en los procesos de compra y contratación, debilidades en la coordinación legal y problemas en la gestión del capital humano.
Ante este diagnóstico, se implementaron diversas medidas correctivas, como la creación de un nuevo organigrama, la elaboración de reglamentos internos actualizados, la conformación de un Comité de Inversiones y la regularización del área legal, junto con la estandarización de procesos internos.
Pese a los avances, el Gobierno nacional considera que la transición al modelo de concesión privada aún requiere tiempo adicional, debido a la complejidad técnica y jurídica del procedimiento, además de la necesidad de garantizar la continuidad operativa de los corredores viales actualmente en servicio. Por eso, se resolvió extender la intervención hasta que finalicen los procesos de disolución y liquidación de la empresa.
Durante este período prorrogado, la interventora conservará las facultades otorgadas por el Estatuto de Corredores Viales S.A., así como las atribuciones establecidas por los artículos 3° y 4° del Decreto N° 244/25, que formalizó la intervención inicial.
Corredores Viales S.A. gestiona actualmente más de 6.000 kilómetros de rutas y autopistas bajo concesión estatal , y su traspaso al sector privado forma parte del plan de reformas estructurales promovido por el gobierno del presidente Javier Milei bajo el lema de «desestatización y eficiencia en la gestión pública».

