Este martes se conoció una carta pública firmada por académicos de muchos países especializados en economía y tecnología, declarándose en contra de los ataques de las grandes empresas tecnológicas a la soberanía digital de los países, y de Brasil en particular.

Allí, figuras como el economista francés Thomas Piketty, Yanis Varoufakis –el efímero exministro griego de Finanzas–; el especialista turco en desigualdad Daron Acemoglu, la economista Mariana Mazzucato, la socióloga Shoshana Zuboff –autora de La era del capitalismo de la vigilancia–, el ensayista bielorruso Evgeny Morozov, el canadiense Nick Srnicek, el comunicólogo inglés Nick Couldry, Cedric Durand –autor de la tesis del tecnofeudalismo–, la jurista Renata Ávila y los argentinos Cecilia Rikap, Martín Becerra, Juan Martin Graña y Martín Guzmán, expresaron su “profunda preocupación por los continuos ataques de las grandes empresas tecnológicas y sus aliados a la soberanía digital de Brasil.

La disputa de Brasil con Elon Musk es solo el último ejemplo de un esfuerzo más amplio para restringir la capacidad de las naciones soberanas para definir una agenda de desarrollo digital libre del control de las megacorporaciones con sede en EE.UU”.

El contexto de la carta es que a finales de agosto pasado, el Tribunal Supremo de Brasil prohibió a la red X seguir operando en el ciberespacio brasileño por no cumplir las sentencias judiciales que exigían la suspensión de cuentas que instigaron a los extremistas de extrema derecha bolsonarista a participar en disturbios y ocupar los palacios Legislativo, Judicial y de Gobierno de Brasilia el 8 de enero de 2023. Y valoraron los firmantes que el presidente Lula da Silva haya dejado clara la intención de su gobierno de buscar la soberanía digital, reduciendo la dependencia de entidades extranjeras en materia de datos, capacidades de IA e infraestructura digital, para pasar a promover el desarrollo de ecosistemas tecnológicos locales.

Esto implicaría obligar a las grandes empresas tecnológicas a pagar impuestos justos, cumplir con las leyes locales y rendir cuentas por los efectos sociales de sus modelos de negocio, que a menudo promueven la violencia y la desigualdad.

La ultraderecha, unida tras las corpos

El texto difundido subraya que los esfuerzos del poder Ejecutivo y Judicial de Brasil chocaron contra los ataques de Elon Musk y de líderes de extrema derecha como Javier Milei y Jair Bolsonaro, aduciendo que los actos de independencia digital de Brasil serían “ataques a la democracia” y a “la libertad de expresión”.

La carta dice: “Pero precisamente porque el espacio digital carece de acuerdos regulatorios internacionales y democráticamente decididos, las grandes empresas tecnológicas operan como gobernantes, decidiendo acerca de lo que debe ser moderado y lo que se promueve en sus plataformas. Es más, X y otras empresas han empezado a organizarse con sus aliados dentro y fuera del país para socavar las iniciativas que buscan la autonomía tecnológica de Brasil. Más que alertar a Brasil, sus acciones envían un mensaje preocupante al mundo: que los países democráticos que buscan independizarse del dominio de las grandes tecnológicas, corren el riesgo de que sus democracias se vean perturbadas con algunas de estas empresas incluso apoyando a movimientos y partidos de extrema derecha”.

Por todo esto, el grupo de intelectuales se ha enfocado en Brasil por haberse convertido en el frente central del conflicto mundial entre las big tech contra quienes pretenden construir un entorno digital democrático que se concentre en el desarrollo social y económico.

Denuncian que “las grandes empresas de tecnología no solo controlan el mundo digital, sino que también ejercen presión y operan en contra de la capacidad del sector público para crear y mantener una agenda digital independiente basada en los valores, necesidades y aspiraciones locales. Cuando sus intereses financieros están en juego, trabajan alegremente con gobiernos autoritarios. Lo que necesitamos es crear el suficiente espacio digital para que los Estados dirijan las tecnologías poniendo a las personas y al planeta por delante de los beneficios privados o del control unilateral estatal”.