El lunes, Argentina tomó medidas legales en Estados Unidos para resguardar sus acciones de YPF, luego de que la Corte de Apelaciones respaldara un fallo previo de la jueza Loretta Preska. Este fallo había permitido que fondos de inversión embargaran bonos del Tesoro estadounidense en poder de Argentina.

Según lo señalado por Sebastián Maril, de Latam Advisors, la presentación del país se basó en la reciente decisión de la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito en el caso Attestor Master, que ratifica el embargo de activos soberanos.

Argentina busca impedir que se entreguen acciones de YPF a los acreedores judiciales. La clave del argumento es que «la actividad comercial (no el uso) debe ocurrir en los Estados Unidos para que el bien esté sujeto a embargo«, un punto que podría ser determinante en la defensa.

La semana pasada, la Corte de Apelaciones favoreció a otro grupo de holdouts, inversores que no recibieron pagos por los bonos argentinos que poseían durante la crisis de principios de siglo.

Estos acreedores habían obtenido una sentencia favorable en primera instancia, donde la jueza Preska ordenó a Argentina pagar 477 millones de dólares. Al no recibir el pago, Preska autorizó los embargos en 2021, incluyendo bonos del Tesoro que el país había utilizado como colateral para los bonos Brady.

A pesar de que la Corte de Apelaciones ratificó la autorización de Preska, los bonos Brady vencieron el 31 de marzo de 2023. Maril explicó que estos bonos estuvieron depositados en la Reserva Federal de Nueva York hasta su vencimiento y que, posteriormente, Argentina podría haberlos trasladado al Banco Central, aunque esto aún no ha sido confirmado.

En cuanto al futuro del caso, es probable que los acreedores beneficiarios del fallo intenten repatriar los títulos si logran verificar que están en Argentina, con la intención de cobrar parte de la deuda. Se espera que los acreedores respondan a la carta presentada por los abogados de Argentina en los próximos días.

FUENTE DIARIO CHACHO