El Ministerio explicó que esta decisión quiere ponerle fin al uso político de las empresas públicas, obligando a las nuevas sociedades a operar como las compañías privadas, rindiendo cuentas y presentando los balances correspondientes.

Las empresas afectadas son: Corporación Buenos Aires Sur; Fabricaciones Militares; Empresa Argentina de Navegación Aérea (EANA); Administración General de Puertos (AGP), que fue “absorbida por la Administración Nacional de Puertos y Navegación” (ANPYN); y Télam, que fue “disuelta”.

En el comunicado oficial, publicado sencillamente con el título de “Motosierra”, el Ministerio de Justicia a cargo de Mariano Cúneo Libarona señaló que esta medida servirá para modernizar el Estado, en línea con la estrategia de bajar el gasto público y ordenar el aparato estatal.