El Comité para la Prevención de la Tortura del Chaco alerta por la vulneración de derechos del hombre de 63 años.
El Comité para la Prevención de la Tortura del Chaco presentó un nuevo hábeas corpus correctivo en favor de D.R.V., un docente jubilado de 63 años, detenido el pasado 2 de julio en Resistencia luego de ser acusado de amenazar a través de redes sociales al presidente Javier Milei, al primer ministro israelí Benjamín Netanyahu y a periodistas.
La acción judicial apunta a impedir su traslado a una cárcel federal, posiblemente la Unidad Penal N.º 7 de Resistencia o alguna otra del país, al considerar que se trata de una persona que no está procesada ni condenada, y que su alojamiento en un penal junto a población carcelaria común podría poner en serio riesgo su integridad física.
Según denunció el Comité chaqueño, el jubilado fue detenido en condiciones precarias, sin acceso a cama, colchón, sanitarios ni información sobre su situación legal. Tampoco contaba con defensa técnica en ese momento y fue alojado en una oficina de la Comisaría Tercera de Resistencia, donde además recibió amenazas de ser trasladado a la Ciudad de Buenos Aires, lejos de su entorno familiar.
Ante esto, el Comité presentó el primer hábeas corpus ante la jueza federal Zunilda Niremperger, quien hizo lugar al pedido y ordenó garantizar condiciones mínimas de habitabilidad y atención médica, considerando que el jubilado padece hipertensión crónica. También instruyó evitar su exposición mediática y garantizar el contacto fluido con su defensa.
Actualmente, D.R.V. se encuentra alojado en la sede de la Policía Federal de Resistencia, en Colón 234, donde se constató una mejora en sus condiciones de detención: cuenta con cama, atención médica, medicación y visitas familiares. Su defensa está ahora en manos de la defensora pública oficial ante los tribunales federales porteños, Florencia Plazas.
El jubilado fue indagado por el juez federal Ariel Lijo, titular del Juzgado Criminal y Correccional Federal N.º 4 de Buenos Aires, quien le informó sobre los detalles de la imputación. La defensa solicitó la excarcelación, pero fue denegada por el magistrado. La decisión fue apelada y se encuentra en revisión.
En paralelo, el Comité presentó un segundo hábeas corpus para frenar un eventual traslado a una unidad penal federal. El recurso fue rechazado por la jueza Niremperger, quien consideró que ese tipo de decisiones no corresponden a un hábeas corpus sino que son competencia exclusiva del juez de la causa. Ahora, la Cámara Federal de Apelaciones de Resistencia deberá definir si avala o no ese rechazo.
Desde el Comité advirtieron que enviar a D.R.V. a una cárcel federal significaría exponerlo a condiciones incompatibles con su estado de salud y su situación legal actual. «No está procesado ni condenado, y su traslado sería una medida desproporcionada y contraria a la Constitución Nacional y los tratados internacionales de derechos humanos», sostuvieron.
