Piden que se retrotraigan dos componentes claves de control del Estado, que pasaron a ser optativos, que permiten garantizar la trazabilidad de la producción y contar con estadísticas, claves para tomar decisiones. Afectaría la calidad de la exportación. Apoyo de los gobiernos provinciales.
Presupuesto 2026: qué piden los gobernadores para apoyar el proyecto de Javier Milei en el Congreso
Juran nuevos legisladores en las provincias: más poder para gobernadores y crecimiento libertario
Parte del mundo del vino pide que no se eliminen todas las regulaciones del sector.
El 6 de noviembre se publicó en el Boletín Oficial de Nación la resolución 37/2025 del Instituto Nacional de Vitivinicultura que derogó 973 normas del digesto normativo del organismo, por impulso del ministerio de Desregulación y Transformación del Estado que comanda Federico Sturzenegger. El sector se mostró a favor de la eliminación de los controles pero planteó que debían continuar el CIU y CEC 05. «Están desregulando el vino como si se tratara de un commodities, acero o tráfico fluvial. Pero el vino es un producto vivo, con origen geográfico determinado. Esta desregulación indiscriminada amenaza décadas de construcción institucional y puede derivar en pérdida de identidad, informalización y un mercado caótico que es hasta inconveniente para el Estado porque dejará de recaudar impuestos», expresó Zuccardi.
Pedido oficial
Con fecha 28 de noviembre, Martín de los Ríos Plaza, Ernesto Pérez, Leonardo Zeballos y Juan Carlos Abud Robles, ministros de Producción de Salta, La Rioja, Catamarca y Jujuy, elevaron un pedido formal al ministro de Economía Luis Caputo, en que le expresaron que «apoyan todas aquellas reformas que vayan dirigidas a la eficacia, desburocratización, simplificación y agilización en el control y fiscalización de la vitivinicultura, siempre que garanticen a los consumidores la calidad, genuinidad y aptitud para el consumo de los productos vitivinícolas y se respeten los derechos de propiedad de quienes participan en la cadena de valor».
También los cuatro coincidieron en señalar que «es indispensable reafirmar la importancia esencial de dos instrumentos históricos, estructurales y complementarios del sistema de control vitivinícola: La Declaración Jurada de Ingreso de Uva (CIU) y la Declaración Jurada Anual de Elaboración (CEC 05), junto con su Anexo de Terceros». Por ello, solicitaron su restitución. Hasta el momento no obtuvieron ninguna respuesta.
Señales
El sector vitivinícola atraviesa un escenario de fuerte caída del consumo interno, menos exportaciones, más importaciones y un proceso acelerado de concentración productiva. Mendoza, eje del complejo, muestra señales de alerta. Esta situación que tiene múltiples aristas encontró la confirmación judicial en el caso de una de sus firmas más históricas. Tres semanas después de la presentación del pedido, el Primer Juzgado Concursal de Mendoza decretó la apertura formal del Concurso Preventivo de Acreedores solicitado por Bodega Norton SA.
Denominado como «Bodega Norton S.A P/Megaconcurso» por la magnitud de la empresa y su pasivo, estimado en cerca de 30 millones de dólares, se dio inicio así a un complejo proceso de saneamiento financiero que busca evitar la quiebra. En la apertura del concurso, la jueza Lucía Sosa intimó a Norton a depositar la suma de $13,5 millones para cubrir los gastos iniciales, en particular, los de correspondencia para notificar a la extensa lista de acreedores distribuidos en varias provincias, incluyendo CABA, Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba y Neuquén.
