El secretario de Transporte de la Nación, Luis Pierrini, presentó su renuncia al cargo y dejó formalmente la función en medio de un escenario de fuerte tensión dentro del sector. Según informó el Gobierno, la decisión respondió a motivos personales.

La salida fue confirmada a través de un comunicado oficial, en el que el ministro de Economía, Luis Caputo, agradeció el trabajo realizado por Pierrini durante su paso por la Secretaría.

El cambio de autoridades se produce luego de un conflicto de alto voltaje entre empresas de colectivos por el reparto de los subsidios, una disputa que expuso internas, acusaciones cruzadas y denuncias millonarias.

Para ocupar el cargo fue designado Fernando Herrmann, quien asumirá al frente de la cartera de Transporte. Desde el Gobierno destacaron su perfil técnico y su experiencia vinculada al desarrollo de obras de infraestructura y a la gestión del sector.

Herrmann es arquitecto, con orientación en sistemas constructivos especiales, egresado de la Universidad de Belgrano, y cuenta además con un Executive Master en Administración de Empresas (EMBA) del IAE. En su trayectoria profesional se desempeñó como docente en distintas instituciones académicas, entre ellas la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo (FADU), el Consejo Profesional de Arquitectura y Urbanismo (CPAU), la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM) y la Federación Argentina de Universidades Privadas (FAUP).

El trasfondo del conflicto que sacudió al área incluye una denuncia presentada por un grupo de empresas, que señalaron un supuesto desvío de fondos por unos 30.000 millones de pesos en el esquema de subsidios al transporte. La acusación apunta a la empresa La Nueva Metropol, lo que elevó la tensión dentro del sector.

Desde esa compañía rechazaron las versiones y negaron cualquier maniobra irregular. «No hubo tal maniobra, sino que es una suerte de vendetta», sostuvieron fuentes de la empresa. Según explicaron, la polémica se desató tras el anuncio de un acuerdo para incorporar 150 colectivos fabricados por la empresa china King Long, unidades que funcionan a gas natural comprimido (GNC).

De acuerdo con La Nueva Metropol, la operación se financiaría con el incremental que abona el Gobierno porteño a las empresas que renuevan sus flotas con motores ecológicos. En ese marco, aseguran que la reacción responde a intereses cruzados dentro del negocio.

En el sector señalan que detrás de la disputa aparecen dos actores centrales: los fabricantes de los vehículos. Por un lado, Mercedes-Benz, con el Grupo Empresario Prieto y su concesionaria Colcar; por otro, el Grupo DOTA, que controla la licencia de la fabricante Agrale. «No quieren que se sume un tercer jugador con colectivos chinos y más baratos», deslizan desde el entorno de la empresa cuestionada.