La Cámara de Casación suprimió la decisión de un juez de Bariloche que había avalado un acuerdo que le otorgaba a la comunidad Laffen Winkul Mapu el dominio de terrenos de la Administración de Parques Nacionales.
La Cámara Federal de Casación Penal anuló este jueves el fallo de un juez federal de Bariloche por el cual se le cedía a una comunidad mapuche el «uso exclusivo» de terrenos pertenecientes a la Administración de Parques Nacionales (APN). Fue luego de que la fiscalía y una asociación vecinal del lago Mascardi apelaran la decisión del juez Hugo Horacio Greca, favorable a la comunidad mapuche.
En ambos planteos se apoyó la sala I del máximo tribunal penal para revertir el fallo del Juzgado Federal de Bariloche, que el 26 de junio pasado resolvió homologar un acuerdo conciliatorio presentado por el exsecretario de Derechos Humanos, Horacio Pietragalla, del que participaron representantes de la comunidad mapuche, el Ministerio de la Mujer, las Madres de Plaza de Mayo y la APN, entre otros.
La comunidad Lafken Winkul Mapu ocupó con un «significativo grado de violencia» tierras dentro del Parque Nacional Nahuel Huapi, según se indica en el fallo, y se atribuyó la titularidad «ancestral» del terreno en disputa.
Para ingresar y permanecer en el terreno, según se desprende del testimonio de la representante de la Asociación Vecinal del Lago Mascardi, hicieron uso de una «extrema violencia que incluyó el empleo el uso de armas de fuego, bombas molotov, piedras y boleadoras para repeler la acción de la justicia y los intentos de los privados de recuperar su propiedad, sumiendo a la zona y vecinos de Villa Mascardi en el terror durante cinco largos años».
El juez Diego Barroetaveña señaló en su voto que el magistrado federal [por Greca] desarrolló una argumentación «contradictoria» y «alejada» de la lógica para desatender los argumentos de la fiscalía, que interpuso el recurso de Casación, en desacuerdo con el juez Greco.
«La decisión recurrida resulta ser el fruto de una mesa de diálogo y acuerdo conciliatorio que, pese a encontrar oposición del representante del Ministerio Público Fiscal, el juez a quo [por Greca] homologó», adujo Barroetaveña.
«Es menester recordar que la conciliación -como medio alterativo de conclusión del proceso- traslada la gestión del conflicto a las partes para que alcancen la satisfacción de sus intereses que, eventualmente, podrá vincularse con la reparación del daño cometido. Sin embargo, tal premisa no aparece materializada en el acuerdo homologado, en el que tan solo, a nuestro modo de ver, aparecen representantes del Estado nacional realizando concesiones, mientras que los imputados sólo realizan una promesa de inscribirse e iniciar trámites para su reconocimiento», agregó en su voto.
Por su parte, Carlos Mahíques coincidió con Barroetaveña en que el acuerdo también «contraviene disposiciones constitucionales y normas de carácter federal».
Tras la denuncia de Fabiola Yañez, la Justicia comenzó a investigar llamando a declarar a algunas personas del círculo íntimo de la pareja.
El fiscal Federal Ramiro González decidió impulsar una serie de medidas de prueba, tras la declaración a Fabiola Yañez en la causa por la denuncia contra Alberto Fernández por violencia de género.
Entre las medidas se destaca la citación a seis testigos que podrían ser claves para darle impulso a la investigación.
María Cantero, exsecretaria de Alberto Fernández, Federico Saavedra, el entonces titular de la Unidad Médica Presidencial y Daniel Rodríguez, exintendente de la Quinta de Olivos, fueron llamados a declarar como testigos.
Sin embargo, estos casos son de especial interés porque podrían enfrentar una imputación futura por participación o encubrimiento de la violencia denunciada por Yañez.
La primera citada a declaración testimonial es Miriam Yañez Verdugo, madre de la ex primera dama. La Justicia la llamó a declarar porque podría haber presenciado los hechos de violencia denunciados durante su estadía en la Quinta de Olivos, cuando acompañó a Fabiola en la casa de huéspedes. Además, la madre – quién se encuentra viviendo con la ex primera dama en España – también sería un testigo clave de las amenazas y hostigamientos recibidas desde diciembre a la fecha.
El segundo citado a declaración es Daniel Rodríguez, exintendente de la quinta de Olivos y excustodio de Alberto Fernández durante la presidencia de Néstor Kirchner. Inicialmente, Rodríguez será citado a declarar como testigo, aunque podría enfrentar una imputación futura por encubrimiento y/o participación.
Sofia Pacchi también fue llamada a dar testimonial por un episodio en particular. Según el escrito presentado por la querella, la citada es amiga de Yañez y habría recibido mensajes como «que linda que sos» por parte del expresidente, lo que terminó en una discusión y un zamarreo, según el relato de la ex primera dama.
El extitular de la Unidad Médica Presidencial y doctor del Hospital Otamendi, Federico Walter Saavedra, también fue citado por la Justicia. Según el relato de Yañez, el médico le proporcionó «globulitos de árnica» para bajar la inflamación de los golpes, producto de la violencia de Fernández.
Maria Cantero también fue llamada a dar testimonial como testigo por el rol que ocupó como secretaria de Alberto Fernández durante los hechos ocurridos.
Por último, Alicia Barros es la testigo final citada a declarar. En su relato, Yañez la describió como «una excelente mujer, que sabía lo que yo estaba viviendo».
