Aída Ayala, ex intendenta de Resistencia, afrontará este miércoles su segundo juicio oral por corrupción. Cabe mencionar que ya tiene una condena de tres años de prisión por fraude a la administración pública por negociados con contratos de la basura en el municipio, más conocido como la causa Pimp y ahora será juzgada por irregularidades cuando estaba al frente de la Secretaría de Asuntos Municipales de la Nación durante el gobierno de Mauricio Macri.

Ayala ya se encuentra en el Tribunal Oral Federal de Resistencia, donde está previsto que declaren cerca de 30 testigos y que a fin de mes se conozca el veredicto. En ese marco, habló con DataChaco y sostuvo: «Siempre luchando y proclamando mi inocencia y que de una vez por todas se termine esta campaña que no tiene sentido». 

«Creo que yo ya no molesto a nadie, estoy fuera de la política, ¿de qué se me acusa? ¿de que un intendente no cumplió sus funciones? que se haga cargo Casalboni (ex intendente de Quitilipi)», agregó antes de ingresar para ser juzgada tras la acusación del fiscal federal Federico Carniel.

Asimismo, Ayala aclaró que era secretaria de Asuntos Municipales «y si él (Casalboni) incumplió sus tareas, no puede aducir hoy su propia torpeza. Esperemos que se desarrolle lo mejor posible (el juicio), yo estoy muy bien».

Y cerró apuntando directamente a la administración del ex intendente de Quitilipi: «Como secretaria de Asuntos Municipales trabajé con una estructura de todo el Ministerio del Interior, donde todo se resolvía con un equipo técnico y legal y donde era imposible cometer errores. Si él compró con sobreprecio, que se haga cargo».

LOS DETALLES SOBRE EL JUICIO

Entre los testigos que fueron aceptados para que declaren en la causa, está el ex gobernador Jorge Capitanich, quien viene de perder las elecciones legislativas y el actual gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, quien era ministro del Interior de la Nación cuando ocurrieron los hechos y que tenía bajo su órbita la Secretaría que ocupaba Ayala. Frigerio tendrá la opción de declarar por escrito porque así se lo permite la ley por su cargo de gobernador.

La causa cuyo juicio comenzará en instantes, es por la firma de un convenio con el municipio de Quitilipi, para la compra de herramientas y máquinas en el que se pagaron sobreprecios.

Ayala, como secretaria de Asuntos Municipales, firmó en 2016 un convenio con el intendente de Quitilipi, Sergio Casalboni, para la compra de máquinas y herramientas con un subsidio de 960.093 pesos. En el acuerdo intervinieron Matías Balmaceda Paiva y Miguel Ángel Vilte, ex funcionarios de Ayala en Resistencia, para direccionar la compra a la empresa «Service Hogar», de Claudio Tolosa, con sobreprecios. Esto fue avalado por Ayala con la firma de la rendición final, según la acusación que hizo el fiscal federal Patricio Sabadini, cuando el caso pasó a la etapa de juicio oral. Cabe mencionar que, Balmaceda además es el yerno de Ayala.

«Aida Ayala era quien subía o bajaba el pulgar», declaró Casalboni en la causa. La acusación sostiene que los imputados ya habían firmado otros convenios a favor de «Service Hogar», una empresa que no tenía local comercial y se dedica a la reparación de productos electrónicos de uso doméstico e instalación y ventas de aires acondicionados.

«Se presentan una serie de circunstancias relevantes al efecto de sostener prudentemente que la ayuda económica brindada por la Secretaria de Asuntos Municipales podría obedecer a una maniobra defraudatoria, principalmente al confrontar todos estos elementos frente a un expediente administrativo que registra ciertas señales de alerta y, sobre todo, que ha homologado una rendición de cuentas obviando verificar si se han respetado en el ámbito local la normativa específica para contratar», sostuvo la resolución en la que Ayala fue procesada.

La ex intendente será juzgada por el delito de defraudación contra la administración pública junto con Casalboni, Balmaceda Paiva, Vilte y Tolosa.

Será el segundo juicio oral contra Ayala.En el primero fue condenada a tres años de prisión por administración fraudulenta y absuelta por lavado de dinero. En ese caso fue juzgada porque en 2014, durante su último mandato como intendenta, le otorgó de manera indebida la empresa «Pimp S.A.» el negocio de la recolección de basura en la ciudad con contratos por 260 millones de pesos.