CÓMO ES LA AVANZADA PRECARIZADORA QUE ESCONDE EL TRASPASO DE LA JUSTICIA LABORAL A CABA

Diputados aprobó la semana pasada la polémica reforma laboral que avanza sobre la Ley de Contratos de Trabajo quitando derechos a los trabajadores y facilitando despidos para los cuales el Estado se erigirá como financista con fondos de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses). A la redefinición del cálculo de indemnizaciones, la creación del banco de horas, la posibilidad del pago en especies, la fragmentación de las vacaciones, el fin de la jornada laboral de 8 horas y las limitaciones al derecho a huelga el gobierno de Javier Milei incluyó un cambio, que aunque menos discutido en los medios, se revela como uno de los más cruciales para los trabajadores: el traspase de la Justicia laboral desde el fuero federal al de la Ciudad de Buenos Aires.

Así lo advirtió la camarista laboral Andrea García Vior quien, en diálogo con Página/12 desnudó sin ambages el verdadero objetivo detrás de esta nueva avanzada libertaria: «esto es la eliminación del fuero del Trabajo, no es un traspaso de competencias como dicen. No quieren a los jueces laborales directamente, no les gusta sus inclinaciones, quieren designar nuevos en la Ciudad de Buenos Aires y adoctrinarlos«.

La reforma laboral dispone la disolución lisa y llana de los 80 juzgados laborales de primera instancia y las 10 salas de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo que serían sustituidos por apenas una decena de juzgados en los tribunales porteños que hoy no existen. También se eliminan de cuajo 30 juzgados vacantes y la sala VII que tampoco tiene jueces titulares. No es que no funcionan, sólo que los ocupan jueces subrogantes, más todo el personal que sí es estable. De esta manera el gobierno libertario busca garantizarse tribunales afines a su avanzada anti trabajadores que avalen en sus fallos el recorte de de derechos y antepongan los intereses empresarios por sobre los de los trabajadores.

En ese sentido la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación (UEJN) denunció en un comunicado que «bajo la consigna engañosa de la ‘modernización’ laboral, primero se procura debilitar los derechos sustantivos, luego se intenta consumar el proceso con el cierre de la Justicia Nacional del Trabajo, afectando gravemente el sistema institucional de tutela que garantiza su efectiva protección. Con el pretexto de combatir la denominada ‘industria del juicio’ el Gobierno impulsa esta iniciativa. El calificativo resulta falaz; sin embargo, dentro de la lógica de un modelo que destruye la producción y el empleo adquiere coherencia: una industria más que pretenden desmantelar. En el medio quedan los trabajadores/as privados de derechos y de acceso a una justicia especializada”. La paradoja es que no faltan quienes vaticinan que, en realidad, este escenario llevará a que la litigiosidad se incremente.

La Confederación General del Trabajo (CGT) se movilizará este martes a las 11.30 a los Tribunales de la calle Talcahuano para respaldar la lucha de los judiciales en contra de esta nueva avanzada precarizadora.

Ya la semana la UEJN realizó protestas y avanzó con el cese de tareas en todos los edificios del fuero laboral nacional y una toma en el de Diagonal Norte 760. En el reclamo están alineados jueces, trabajadores, sindicatos y abogados.

Cuando la Ciudad resolvió poner en marcha el año pasado un fuero laboral con diez juzgados y una cámara de seis integrantes divididos en dos salas, una medida cautelar dejó esa modificación en suspenso. La dejaba supeditada a la firma de un convenio entre el gobierno nacional y el local.

Este acuerdo establece que los juicios laborales (por cuestiones de derecho individual como indemnizaciones, despidos y accidentes de trabajo), tramitarán en la justicia laboral porteña, que aún no existe. Los que atañen a derechos colectivos (como convenios y derecho a huelga entre otros tantos) irán a parar al fuero Contencioso Administrativo federal, que no tiene ninguna especialización en materia laboral.

De prosperar la iniciativa libertaria el fuero laboral actual dejaría de recibir causas y solo funcionaría como tribunales residuales.

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