El Gobierno nacional oficializó este lunes la entrega de un anticipo financiero por un total de $400.000 millones destinado a doce provincias consideradas cercanas políticamente a la administración de Javier Milei. La medida fue formalizada a través del Decreto 219/2026, publicado en el Boletín Oficial.

El documento, firmado el 1° de abril por el presidente, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y el ministro de Economía, Luis Caputo, establece que la distribución de los fondos será definida por la Secretaría de Hacienda.El criterio principal será la capacidad de repago de cada provincia, calculada en función de su participación en la recaudación de tributos nacionales.

Las jurisdicciones alcanzadas por este anticipo son Catamarca, Chaco , Chubut, Corrientes, La Rioja, Mendoza, Misiones, Río Negro, Salta, Santa Cruz, Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y Tucumán.

Según lo dispuesto, los fondos deberán ser devueltos con intereses, calculados a una Tasa Fija Nominal Anual del 15%.  El mecanismo de devolución contempla descuentos automáticos sobre los recursos que las provincias reciben por coparticipación federal.

En ese sentido, el decreto faculta a la Secretaría de Hacienda a implementar la cancelación de los anticipos mediante la retención directa de fondos provenientes del régimen de coparticipación —establecido por la Ley N° 23.548— u otras fuentes de recursos coparticipables sin asignación específica.

Asimismo, se habilita al organismo a definir las condiciones de desembolso, los plazos de devolución y otros aspectos operativos, pudiendo firmar acuerdos particulares con cada provincia para precisar estos términos.

Como contrapartida, las provincias beneficiadas deberán autorizar explícitamente la afectación de sus recursos coparticipables hasta cubrir el monto recibido más los intereses correspondientes. Esto incluye la posibilidad de retenciones automáticas por parte del Estado nacional en caso de incumplimiento.

La medida se inscribe en un contexto de tensiones fiscales entre Nación y provincias, y refleja una estrategia del Ejecutivo para asistir financieramente a distritos aliados, al tiempo que garantiza mecanismos de recupero de los fondos otorgados.