Los inconvenientes afectan a 700.000 trabajadores y sus respectivas familias, quienes no pueden acceder tanto a los tratamientos ambulatorios como los oncológicos y los de alto costo en las sucursales de todo el país. La obra social recibió cientos de reclamos, pedidos y denuncias por cortes generalizados de servicios médicos y, principalmente, por la ruptura del circuito de dispensa y provisión de medicamentos.

El desplazamiento del Consejo Directivo de la Obra Social de los Trabajadores Rurales y Estibadores de la República Argentina (Osprera) tuvo lugar casi dos meses después de la llegada de los interventores y se realizó en medio de acusaciones por irregularidades, porque se formalizó fuera del horario administrativo, lo que impidió el derecho a la defensa, y por pedido de un juez que terminó apartado por incompetente.

Según la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (Uatre) la intervención “incumple con lo suscrito desde OSPRERA” que debe garantizar la cobertura prestacional. Además, expresaron que hay pacientes con enfermedades crónicas, oncológicas, epilepsia, insuficiencias renales, esclerosis múltiple, discapacidad, parálisis cerebral, entre otras complicaciones de salud, que corren grave riesgo de vida por la interrupción de los tratamientos médicos que les corresponden.