El Gobierno nacional profundizó el vaciamiento de la Autoridad de la Cuenca Matanza-Riachuelo (Acumar) con el despido de más de 350 trabajadores.  La medida fue notificada el viernes por la noche, en la previa del fin de semana largo, replicando una estrategia de desvinculaciones masivas en distintos organismos del Estado.

Acumar, creado en 2006 por la Ley 26.168 y con aval de las legislaturas de la Provincia de Buenos Aires y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, tiene la responsabilidad de ejecutar el Plan Integral de Saneamiento Ambiental de la Cuenca Matanza-Riachuelo, una de las más contaminadas del país.

Su formación fue ordenada por la Corte Suprema de Justicia tras una demanda colectiva presentada en 2004, en la que ciudadanos exigieron la recomposición del daño ambiental o, en su defecto, una indemnización. En 2006, el máximo tribunal determinó que la solución debía centrarse en la restauración ambiental, lo que llevó a la creación del ente interjurisdiccional.

Desde entonces, Acumar ha desempeñado un papel clave en el saneamiento del Riachuelo, con avances significativos como la recuperación de su navegabilidad. Sus tareas diarias incluyen la limpieza del curso de agua, la fiscalización de industrias, la recolección de residuos y la asistencia a las comunidades afectadas. 

No obstante, estos logros están en riesgo ante los recortes impulsados por el gobierno de Javier Milei, que mantiene el presupuesto del organismo congelado desde 2023.

«Hay muchos compañeros despedidos que eran la pata técnica del organismo. Intentan delegar esas funciones a la Ciudad de Buenos Aires y los municipios de la provincia que integran la Cuenca, lo que parece una estrategia deliberada para desmantelar el ente», denunció una trabajadora desvinculada.

La misma fuente señaló que en el último año se expulsó a unos 40 empleados mediante «sumarios truchos» y alertó sobre el impacto de las desvinculaciones: «Sin los equipos técnicos, no se pueden continuar las tareas de recomposición, ni el acompañamiento a las comunidades de la Cuenca. Tampoco se podrá fiscalizar a las industrias responsables de los efluentes contaminantes».

Por su parte, la ministra de Ambiente, Daniela Vilar, confirmó a través de su cuenta en X que «más de 250 trabajadores fueron despedidos ayer a la medianoche, sumando 400 en total desde que asumió Milei. Cientos de familias se quedan sin sustento y ni hablar del impacto en el saneamiento de la Cuenca».

Vilar enfatizó la relevancia del organismo, recordando que en la zona viven 4,7 millones de personas y que Acumar es responsable de la fiscalización industrial, el saneamiento del río y la asistencia a la comunidad. «Menos fiscalización es más contaminación. Menos Estado, menos obras e inversión, y vía libre para los negocios privados. ¿Ajuste o abandono?», cuestionó.

Finalmente, la funcionaria criticó la metodología utilizada para los despidos: «Un párrafo aparte para lo mercenario de echar a la gente sin dar la cara, enviando mails un viernes a la medianoche antes del fin de semana de carnaval. Se les sale lo anti-laburante por los poros».