Sin embargo, el peso se apreció solo marginalmente. El dólar oficial está a un 5,4% del techo, con un tipo de cambio de 1.420,50 pesos frente a 1.500,99 pesos.

Con el dólar a solo 80 pesos del punto donde el esquema obliga al Banco Central a vender ilimitadamente, cualquier demanda adicional podría forzar intervenciones vendedoras. Bajo las reglas actuales, ni el Tesoro argentino, ni el de Estados Unidos, ni el Banco Central pueden comprar dólares sin riesgo de desestabilizar el mercado. El volumen diario promedio en el Mercado Único y Libre de Cambios oscila entre 400 y 500 millones de dólares.

Un ejemplo reciente ilustra el problema. La semana pasada, el Tesoro giró 796 millones de dólares al Fondo Monetario Internacional para cubrir vencimientos de intereses.

El Banco Central suministró esos fondos directamente desde sus reservas, ya que una compra en el mercado habría elevado el dólar al techo en minutos. Como resultado, las reservas brutas perforaron los 41.000 millones de dólares.

Estimaciones privadas sitúan las reservas netas –descontando pasivos como swaps y depósitos– en torno a los 8.000 millones de dólares, lejos de las metas ajustadas con el Fondo.

La preocupación principal no gira tanto en torno a si el dólar oficial está atrasado –los analistas coinciden en que no lo está, con un tipo de cambio real multilateral un 15% por encima del promedio histórico–, sino en si refleja un equilibrio sostenible. La eliminación temporal de retenciones a exportaciones agropecuarias en octubre generó una liquidación récord, pero será una oferta que no estará disponibles para las próximas semanas.

El acumulado anual del sector agroexportador alcanza los 29.564 millones de dólares, según la Cámara de la Industria Aceitera y el Centro de Exportadores de Cereales.

Agregar demanda del Tesoro o del Banco Central podría tensionar aún más el mercado.

Algunos proponen compras en bloque fuera del mercado oficial, como acuerdos directos con exportadores o empresas. En la práctica, esto no altera la ecuación: evita presionar la demanda inmediata, pero tampoco incorpora esos dólares a la oferta general del sistema. Un ajuste del crawling peg al 1,5% mensual no resuelve el fondo del asunto, máxime cuando la inflación se mantiene por encima del 2% mensual. Lo que se necesita es una sobreoferta de dólares, posiblemente vía cuenta financiera.

La demanda producto de las elecciones ya se redujo, pero la oferta sigue escasa. Se esperaba que el resultado electoral positivo impulsara un desarme masivo de posiciones en dólares, bajando el dólar a niveles de 1.300 pesos. Hasta ahora, no ocurrió. El gobierno podría optar por mantener el esquema actual, postergando la acumulación de reservas y el levantamiento del cepo cambiario para empresas hasta el segundo trimestre de 2026, cuando regrese la liquidación estacional de la cosecha gruesa de soja. Esto implica riesgos: el buen clima financiero post-electoral, impulsado por expectativas de reformas, podría disiparse si no se materializan avances concretos.

El plan que Caputo prometió para fines de noviembre debe abordar un enigma: cómo comprar dólares sin elevar el tipo de cambio al techo de la banda; cómo fomentar oferta genuina sin eliminar controles; cómo persuadir al Fondo Monetario Internacional de que las metas se cumplirán, pese a los pagos pendientes del Tesoro. En Washington, fuentes del organismo indican que el waiver concedido en octubre fue excepcional; el próximo desembolso en enero depende de progresos verificables.

Mientras, los inversores locales observan los bonos y acciones con optimismo, sabiendo que el rally depende de un dólar estable. Los ahorristas monitorean el dólar, preguntándose cuánto durará la pax cambiaria. Los exportadores cuentan los días hasta la próxima siembra. Y el Banco Central vigila la cotización de 1.420,50 pesos, consciente de que solo 80 pesos lo separan de una intervención forzada.

Argentina permanece enredada en el debate de cómo transitar hacia un tipo de cambio unificado sin desatar inflación, dentro del actual esquema de bandas cambiarias y comprando reservas. El gobierno tiene 30 días para detallar su estrategia. El mercado, 30 días para evaluarla. El margen se estrecha.