El Gobierno eliminó la Unidad Especial de Investigación de la Desaparición de Niños dependiente de la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad (CONADI).

El organismo, tenía como objetivo colaborar en la búsqueda de niños y niñas que habían sido apropiados durante la última dictadura cívico militar. A partir de esta decisión, la CONADI no podrá acceder a los archivos del Estado ni conducir pesquisas para restituir identidades de nietos y nietas.

Para el Gobierno, la existencia de la Unidad Especial «violentaba el régimen constitucional de división de poderes». La decisión fue concretada a través del Decreto Nº 727/2024 .

En un comunicado difundido por el Ministerio de Justicia aseguraron que la Unidad «llevaba a cabo funciones propias del Poder Judicial desde el Poder Ejecutivo, y violaba atrozmente el derecho fundamental a la intimidad de los argentinos».

«Al crear esta Unidad en el año 2004 y arrogarle la capacidad de realizar investigaciones de hechos delictivos, avasalló la competencia del Poder Judicial y el Ministerio Público Fiscal. Esta superposición es un grave atropello a nuestra Carta Magna, que no va a ocurrir nunca más bajo este Gobierno», sintetizaron desde la cartera que conduce Mariano Cúneo Libarona.

La Unidad se creó en 1992 para que el país dé cumplimiento a uno de los tratados internacionales con jerarquía constitucional: la Convención sobre los Derechos del Niño, que reconocía el derecho a la identidad.

Luego, en 2001, la existencia del organismo fue ratificada por ley y en 2004 bajo el gobierno de Néstor Kircher se creó la UEI dentro del CONADI, facultándola para acceder a los archivos estatales para encontrar a niñas y niños que habían sido apropiados.

El organismo recibe denuncias de quienes tienen dudas sobre su origen biológico, y trabaja de manera vinculada con el Banco Nacional de Datos Genéticos (BNDG). 

La nueva medida es un avance más en la arremetida del Gobierno contra el organismo. Meses atrás, el Ministerio de Defensa anunció que no enviaría más documentación a la CONADI, noticia que motivó el festejo de organizaciones que defienden a condenados por delitos de lesa humanidad.

La respuesta de Abuelas

Tras la decisión gubernamental, desde Abuelas de Plaza de Mayo expresaron que «obstaculiza la búsqueda de nuestros nietos y nietas(apropiados por la dictadura) y favorece la impunidad», al tiempo que advirtieron que el Gobierno «está incumpliendo normas internacionales de rango constitucional y garantiza impunidad por crímenes ocurridos, pero también por ocurrir».

Paralelamente recordaron que «es obligación de todos los poderes del Estado garantizar el cese del delito de apropiación».