En un firme comunicado, el Gobierno argentino reaccionó a los recientes insultos del presidente venezolano, Nicolás Maduro, hacia el mandatario argentino, Javier Milei, a quien calificó de «malparido nazi fascista». El vocero presidencial, Manuel Adorni, fue contundente: «El respeto por los derechos humanos no depende de la buena voluntad de un presidente autoritario ni de su séquito de obsecuentes».

Además, subrayó la importancia de respetar el proceso electoral y la integridad de todos los participantes en los próximos comicios venezolanos.

Adorni recordó el comunicado firmado el viernes pasado por Argentina junto a Costa Rica, Guatemala, Paraguay y Uruguay, donde se reafirma la denuncia hecha en 2018 ante la Corte Penal Internacional (CPI) para investigar al régimen de Caracas por violaciones sistemáticas a los derechos humanos. Esta denuncia había sido retirada en marzo de 2021 por el entonces presidente Alberto Fernández.

«La República Argentina continuará bregando por el restablecimiento del estado de derecho y la defensa de los principios de la libertad y la democracia en ese país», expresó la Cancillería en el comunicado.

El comunicado también exigió «el inmediato cese del hostigamiento, persecución y represión contra activistas políticos y sociales de la oposición, así como la liberación de todos los presos políticos». Además, se pidió al gobierno venezolano cumplir con sus obligaciones de conformidad con el Derecho Internacional, especialmente en lo que respecta a la emisión de salvoconductos para miembros de la campaña opositora asilados en la sede diplomática argentina en Caracas.

En 2018, bajo el gobierno de Mauricio Macri, Argentina junto a otros países había presentado una denuncia ante la CPI para investigar al régimen venezolano por presuntos crímenes de lesa humanidad. Esta fue la primera vez que un grupo de Estados demandó a un tercero ante ese tribunal. Sin embargo, en marzo de 2021, el gobierno de Alberto Fernández retiró su apoyo a esta demanda y anunció la salida de Argentina del Grupo de Lima, justificando la decisión por la participación de sectores de la oposición venezolana en dicho grupo.

Para sustentar la denuncia, expertos internacionales independientes, convocados por la OEA, recopilaron información durante nueve meses. El informe resultante, de 489 páginas, documentó agresiones contra opositores al régimen, patrones sistemáticos de persecución política y abusos contra civiles y miembros de las fuerzas armadas. El documento incluyó testimonios de 26 testigos en audiencias públicas organizadas por la OEA, así como informes de más de 40 organizaciones no gubernamentales.

Entre las conclusiones del informe, se identificaron 131 víctimas de asesinatos durante las protestas de 2014 y 2017, perpetrados por fuerzas de seguridad del Estado y colectivos chavistas. Además, se registraron 8.292 ejecuciones extrajudiciales desde 2015 y más de 12 mil venezolanos detenidos arbitrariamente desde las elecciones de 2013, cuando Maduro asumió el poder.

Este domingo, Maduro reiteró sus ataques hacia Milei en un acto en Nueva Esparta, Venezuela, provocando mayor preocupación en el oficialismo. El mandatario venezolano amenazó con un «baño de sangre» en caso de ser derrotado en las próximas elecciones, donde el candidato opositor Edmundo González Urrutia lidera las encuestas.