Del total del gasto, la mayor partida se destina a Servicios Sociales, con 106,5 billones de pesos, seguida por Deuda Pública (14,1 billones de pesos), Servicios Económicos (11,45 billones de pesos), Administración Gubernamental (8,85 billones de pesos) y Defensa y Seguridad (7,11 billones de pesos).

La ley también fija un resultado financiero superavitario adicional de 226.469 millones de pesos, detallando fuentes de financiamiento y aplicaciones financieras, con fuerte peso del endeudamiento público y la amortización de deuda.

Uno de los puntos centrales del texto es el endurecimiento de las reglas sobre el empleo público. Se fija un tope de cargos y horas de cátedra para toda la Administración Pública Nacional y se prohíbe cubrir vacantes sin autorización expresa del Jefe de Gabinete de Ministros, con excepciones puntuales para áreas sensibles como Salud, Defensa, Seguridad, guardaparques y organismos específicos.

Además, las jurisdicciones deberán remitir información detallada sobre dotaciones y contrataciones a la Secretaría de Hacienda del Ministerio de Economía, que estará obligada a publicarla en formato abierto.

El presupuesto asigna 4,78 billones de pesos para financiar a las universidades nacionales, que deberán rendir información ante la Secretaría de Educación del Ministerio de Capital Humano, bajo apercibimiento de suspensión de transferencias.

En paralelo, la ley deroga artículos clave de las leyes de Educación, Ciencia y Tecnología, incluyendo disposiciones de financiamiento educativo y del sistema científico, a partir del ejercicio 2026.

El texto autoriza amplias operaciones de crédito público, con posibilidad de emitir deuda bajo jurisdicción extranjera hasta un 18% del total, y habilita al Ministerio de Economía a realizar operaciones de administración de pasivos sin las restricciones habituales.

También se aprueban aportes y aumentos de capital a organismos multilaterales como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el FONPLATA, la Asociación Internacional de Fomento (Banco Mundial) y el Fondo Multilateral de Inversiones IV (FOMIN IV), con pagos a cargo del Banco Central de la República Argentina (BCRA) y el Tesoro Nacional.

El Presupuesto 2026 destina más de 212 mil millones de pesos al pago de deudas previsionales del SIPA, administrado por ANSES, y otros 367 mil millones de pesos para retroactivos de retirados y pensionados de las Fuerzas Armadas y de Seguridad.

Además, prorroga por diez años las pensiones graciables, pero incorpora condiciones patrimoniales y de ingresos más estrictas para su mantenimiento.

La ley incluye exenciones impositivas a importaciones estratégicas, como bienes de capital para empresas tecnológicas estatales (INVAP, VENG y DIOXITEC), vacunas y medicamentos importados por el Ministerio de Salud, y define cupos fiscales para economía del conocimiento, biotecnología, industria automotriz y capacitación laboral.

Con este esquema, el Presupuesto 2026 consolida la orientación fiscal del Gobierno, con superávit como objetivo central, mayor discrecionalidad en la administración de partidas y un marco más restrictivo para el gasto público, el empleo estatal y el financiamiento educativo y científico.

Ley 27.798

Decreto 932/2025: