La fiscal Nº 10, Lilian Irala y el fiscal de Cámara del Crimen Nº 3, Sergio Cáceres Olivera, requirieron la elevación a juicio contra el piquetero Carlos Barraza, acusado de encabezar un complejo esquema de fraude que involucra desvío de fondos públicos y uso indebido de recursos del Estado. Reconstrucción de las maniobras a la que se le comenzó a poner un punto final en enero de este año.

La investigación revela que Barraza en su rol de presidente de la Asociación Civil «Humildad» y Jefe del Sector Pozo 5 de SAMEEP, se había apoderado de una suma millonaria destinada a diversos programas implementados por la anterior gestión en el Ejecutivo provincial.

Durante el período comprendido entre 2022 y diciembre de 2023, Barraza recibió, bajo el programa «Resi-todos» del IAFEP, un total de $ 13.050.000, montos aprobados mediante varias resoluciones que estaban destinados a proyectos de desmalezamiento, limpieza de zanjas y recolección de material reciclable en las localidades de Barranqueras y Colonia Elisa. Sin embargo, la Fiscalía expuso que el piquetero no acreditó la efectiva prestación de dichos servicios.

Las transacciones fueron realizadas entre el 2 de junio de 2022 y el 22 de noviembre de 2023, una de ellas sin resolución administrativa. ¿La prestación de estos servicios? No se sabe.

Además, Barraza recibió $ 91.062.105,20 bajo el programa Emergencia Habitacional del IAFEP,  fondos que estaban destinados a la construcción y refacción de viviendas para comunidades vulnerables, pero las ejecuciones de las obras no fueron concretadas, según la acusación judicial. Los pagos se registraron entre el 9 de junio de 2022 y hasta el 12 de octubre de 2022

En el marco del Programa de Infraestructura Social del IAFEP, también recibió $ 1.064.633,70 para la construcción de veredas y $ 10.456.219,43 para la refacción de una fábrica que fuera realizada por la Asociación Civil. Ambas obras no fueron acreditadas.

INCOMPRENSIBLES DELITOS, A LA VISTA DE TODOS

En su rol como Jefe del Sector Pozo 5 de SAMEEP, los fiscales aseguran que el dirigente social utilizó personal y recursos de la empresa para construir propiedades personales y realizar servicios en su beneficio. Solo entre marzo de 2023 y diciembre de 2023, empleados de la empresa estatal fueron afectados a trabajos de plomería y albañilería en propiedades privadas del imputado. Además, Barraza habría utilizado vehículos y maquinaria pública para el transporte de materiales a sus emprendimientos privados.

Como insólito ejemplo, los ficales relataron que durante meses, empleados de SAMEEP, subordinados jerárquicos de Barraza, fueron empleados para realizar trabajos de plomería y de albañilería en una casa de fin de semana con piscina sito en el Barrio Las Palmeras S/N.

LA FACHADA

«Con la finalidad de aparentar el destino lícito de los fondos mencionados, Barraza creó un emprendimiento de pesca situado en el acceso al paraje Las Cinco Bocas, localidad de Puerto Vilelas, no registrado ante la Subsecretaría de Ambiente y Biodiversidad del Gobierno del Chaco, para lo cual compró con fondos de las arcas del Estado una Lancha, marca Pacu 550 con motor marca Yamaha 50 y ecosonda marca Dormind, seis canoas, mallones varios, como así también realizó una construcción en el mencionado lugar de dos casas habitacionales con cocina, baño y comedor», señala la pieza acusatoria.

BIENES

«Esta Fiscalía tiene acreditado, con el grado de probabilidad que requiere esta instancia, que Carlos Iván Barraza, en su carácter de Presidente de la Asociación Civil «Humildad», aprovechándose del esquema institucional imperante en el gobierno, llevó adelante gestiones de emprendimientos de índole personal a través de convenios y contrataciones directas con el Instituto de Agricultura Familiar y Economía Popular (IAFEP)», acusa el Ministerio Público Fiscal.

Los fondos públicos habrían sido utilizados para adquirir bienes personales, como una camioneta Toyota Hilux, un camión Mercedes Benz, y hasta una lancha con motor. Estos elementos fueron encontrados en el domicilio de Barraza y en otros lugares vinculados a sus actividades privadas. El requerimiento detalla que «el dinero obtenido mediante el uso indebido de los fondos públicos se materializó en la construcción de un quincho con piscina en el barrio Las Palmeras, así como en la adquisición de varios vehículos«.

Las irregularidades también se extienden a la administración de los bienes solicitados a Lotería Chaqueña. «El informe de Lotería Chaqueña reveló que la entidad adquiría diversos bienes para ser entregados a la Asociación Humildad, sin que se exigieran rendiciones de cuenta adecuadas», destaca el documento.

El requerimiento cita la declaración de Clelia Ávila, interventora del disuelto IAFEP desde diciembre de 2023: «La falta de un registro claro de las organizaciones beneficiadas y las denuncias sobre la no ejecución de viviendas y otros beneficios dificultaron mi tarea».

Ávila explicó que el IAFEP, dirigido por el entonces presidente Mauricio Andión y el vicepresidente Osvaldo Chiara Monte, operaba con un presupuesto y estructura propia, asistiendo económicamente a entidades con personería jurídica a través de programas como Soluciones Habitacionales e Infraestructura Social Básica.

La investigación puso en evidencia una estrecha relación entre el IAFEP y la Asociación Civil presidida Barraza. Mediante pericias contables se expuso que «Humildad» recibió pagos por montos significativos bajo varios programas del instituyo, cuyas obras brillan, pero por su ausencia.