El reparto de ATN por parte de Nación quiere ser rediscutida por los Gobernadores a través del coeficiente de coparticipación con la aprobación definitiva del proyecto que ya obtuvo media sanción del Senado, presentado de manera inédita por las 23 jurisdicciones y la Jefatura del gobierno porteño.

Según los registros oficiales, Raúl Jalil, Gustavo Sáenz y Osvaldo Jaldo recibieron en este mes $3.500 millones cada uno en concepto de aportes del tesoro mientras el vínculo del gobierno con las provincias entraba en una zona de turbulencias por los reiterados reproches que se materializaron en un reclamo homogéneo que se cristalizó en las cumbres del CFI y en la presentación de los dos proyectos que fueron sancionados por la Cámara alta: el de ATN y el de distribución directa, con eliminación de fideicomisos, de la recaudación del impuesto a los combustibles líquidos.

En total, en los primeros siete meses del año, el Ejecutivo repartió en aportes del tesoro, que se componen del 1% del régimen de coparticipación federal y que le corresponden a las provincias, $104.500 millones entre 15 gobernadores, una cifra muy menor en comparación al reclamo unificado por la caída en las transferencias y en los ingresos, producto de la recesión económica que en los últimos meses mostró tímidas señales de recuperación, y muy dispares.

Los más beneficiados fueron Rolando Figueroa -$15.000 millones-, Sáenz -$13.000- y Jaldo -$12.000-. En cuarto lugar aparece Axel Kicillof, con un desembolso único de $10.000 millones de marzo pasado, producto de las terribles inundaciones que golpearon a Bahía Blanca.

Las provincias, sin embargo, insistieron en los últimos meses por la asignación de un stock cercano al billón de pesos que, según explicaron, la Casa Rosada y el Palacio de Hacienda se resistieron a repartir, y que motivó la redacción del proyecto de ley que apunta a propiciar una “distribución automática” de los recursos.

El desgaste en la relación con las provincias, a un año del Pacto de Mayo y de la flamante puesta en marcha del consejo de mayo, en el que nadie depositó demasiadas expectativas, alcanzó además su mayor pico de tensión en vísperas de la campaña electoral, y justo cuando la dinámica del sistema de toma de decisiones implementado por Milei entró en crisis, en particular por fisuras en “triángulo de hierro”, en los vértices representados por Karina Milei y los Menem, y Santiago Caputo y sus colaboradores.

En las últimas semanas, desde Casa Rosada parecieron reaccionar de manera tímida a la rebelión de los Gobernadores que se manifestó en el Congreso con la media sanción de los proyectos escritos en el marco de las reuniones del CFI, y la aprobación final del paquete previsional, una derrota muy ruidosa que el gobierno no pudo evitar ni siquiera con sus aliados, que se plegaron a la oposición.

Una vez consumada la derrota legislativa, los aliados esperaron una convocatoria oficial que, hasta ahora, no se efectivizó. “Todavía no hay nada, no nos convocaron”, resaltó el viernes un gobernador de la zona centro. “Nada, seguimos sin diálogo”, acotó otro, de la Patagonia. En estas horas surgieron versiones de una ronda de negociaciones formales, pero aún sin demasiada claridad. Hasta este fin de semana, no hubo ofrecimientos formales.

El grueso de los reclamos de los gobernadores, de todos modos, sigue sin ser atendido.

En ese contexto, el Gobierno de Milei intenta ganar tiempo para que transcurra el calendario electoral mientras intenta reactivar las negociaciones con los aliados para blindar los vetos al paquete previsional, la verdadera disputa parlamentaria que se avecina tras el receso invernal en simultáneo a los dos proyectos de distribución de ATN e impuesto a los combustibles que esperan por la media sanción de Diputados.