Según se conoció este miércoles, la administración de Biden solicitó a la jueza Loretta Preska rechazar los pedidos de los fondos buitre Burford y Eton Capital.
“Este amicus curiae del Gobierno de los Estados Unidos en el caso de la expropiación de YPF era esperado”, dijo Sebastián Maril, quien sigue el día a día del derrotero judicial de la Argentina ante distintos tribunales internacionales.
De acuerdo con el letrado, el gobierno norteamericano sostiene que se violan ciertas leyes locales norteamericanas y al mismo tiempo se abre las puertas para que haya algún tipo de reciprocidad y la Argentina en el futuro haga lo mismo con alguna empresa o un activo soberano norteamericano.
«Esto no afecta el fallo de los US$ 16.000 millones, esto no afecta al alter ego y esto no afecta la apelación”, explicó el director Regional de Latam Advisors.
Los fondos Burford y Eton Capital, quienes ganaron el juicio por la expropiación de YPF, solicitaron que la Argentina entregue un tercio de las acciones de la empresa como garantía de pago de la sentencia, mientras que ocurre en forma paralela el proceso de apelación en la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York.
En este marco, la defensa argentina se negó y los demandantes comenzaron un proceso para detectar activos que puedan ser embargados.
Fue así que la Procuración del Tesoro se puso en contacto con la administración de Joe Biden para explicar las posibles implicancias de que un juez federal de Estados Unidos solicite el embargo de activos que están en otra jurisdicción.
Las acciones que tiene la Argentina de YPF están registradas en la Caja de Valores de Buenos Aires, no tiene tenencia de activos que cotizan en Nueva York.
