El juicio que busca determinar responsabilidades penales en la muerte de Diego Maradona atraviesa su momento más crítico. Tras una semana de suspensión, el Tribunal Oral en lo Criminal N°3 de San Isidro reanuda hoy las audiencias, pero la continuidad del debate está en duda. 

La posible nulidad del proceso y el eventual sorteo de un nuevo tribunal son escenarios concretos tras las pruebas que vinculan a la jueza Julieta Makintach con la filmación no autorizada de un proyecto audiovisual en el edificio judicial.

El punto central será la resolución sobre la recusación de Makintach, planteada por las defensas del neurocirujano Leopoldo Luque y de la psiquiatra Agustina Cosachov. Además, se espera que el Ministerio Público y otras partes presenten nuevas pruebas y posibles recusaciones contra el resto de los integrantes del tribunal, integrado también por los jueces Verónica Di Tommaso y Maximiliano Savarino.

Desde el Ministerio Público ya se habían referido al estado del juicio como «herido de muerte», alertando sobre la gravedad institucional del caso.

La situación se tornó aún más delicada con la incorporación al expediente de las grabaciones de las cámaras de seguridad del edificio judicial, que muestran a Makintach ingresando un domingo, fuera del horario habitual, acompañada por un camarógrafo, una guionista amiga, representantes de una productora audiovisual y otros asistentes. Todos quedaron registrados mientras realizaban tomas en distintas áreas del edificio, incluida la sala de audiencias y el despacho de la jueza.

El ingreso no fue autorizado formalmente, no quedó registrado en los libros de guardia y se realizó por un acceso exclusivo para magistrados y funcionarios, lo que podría configurar una falta grave. Tampoco se pidió acreditación ni documentación de quienes participaron de la filmación, según testimonios ya incorporados a la causa.

La jueza Makintach, que integra el Tribunal Oral N°2 y se sumó al N°3 para completar el tribunal de este juicio, no está formalmente imputada, pero la fiscalía investiga si su conducta podría encuadrarse en figuras como tráfico de influencias, incumplimiento de los deberes de funcionaria pública o negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública.

En su defensa, la magistrada aseguró que no cometió ningún delito, negó haber tenido contacto con una productora audiovisual y sostuvo que aceptó una entrevista informal a pedido de una amiga. También expresó que no está en juego su imparcialidad y que algunas personas estarían presionando para que el juicio se declare nulo.

Sin embargo, su versión entra en contradicción con el testimonio de Jorge Huarte, contratado para registrar imágenes del inicio del juicio. Declaró que filmó a la jueza dentro del edificio sin haber sido acreditado, y que incluso grabó un breve clip en el que ella habló a cámara sobre el proceso judicial, bajo pedido de uno de los organizadores del rodaje.

El escenario es incierto. Las defensas y las querellas evalúan solicitar la nulidad total de lo actuado desde el inicio del juicio, el pasado 11 de marzo, y la celebración de una nueva audiencia preliminar. La tensión es máxima. El futuro del juicio por la muerte de Diego Maradona, lejos de encaminarse, podría retroceder al punto de partida.