El Gobierno nacional enviará en los próximos días al Congreso un proyecto para reformar la Ley de Salud Mental, con cambios en la internación involuntaria, el funcionamiento de los hospitales y la supervisión del sistema. La iniciativa, que no deroga la norma actual, busca corregir aspectos cuestionados por profesionales, familiares y sectores políticos.

El texto, elaborado por el Ministerio de Salud, quedó a la espera de la revisión del área de Justicia y podría ingresar a la Cámara de Diputados esta semana o la próxima. La confirmación llegó tras un anuncio público del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, que adelantó el envío sin mayores precisiones.

Uno de los puntos centrales es que no se eliminará la Ley 26.657, vigente desde hace 15 años, sino que se modificarán artículos clave. Entre ellos, el régimen de internaciones, el futuro de los hospitales monovalentes y el financiamiento de los servicios de atención.

La reforma también propone reemplazar el actual Órgano de Revisión, integrado en gran parte por abogados, por un equipo interdisciplinario con mayor participación del Ministerio de Salud. En el sistema actual, profesionales cuestionan la intervención de actores sin formación clínica en decisiones vinculadas a diagnósticos o emergencias.

Según fuentes oficiales, el nuevo esquema incorporará áreas técnicas como la Dirección Nacional de Salud Mental, sectores de fiscalización y la Sedronar, con el objetivo de fortalecer el control y seguimiento de los tratamientos.

Atención en todo el territorio

Otro eje apunta a las desigualdades en el acceso. El diagnóstico oficial indica que la aplicación de la ley es dispar en el país: no todas las provincias adhirieron formalmente y la disponibilidad de servicios varía según la región. La iniciativa busca garantizar atención en todo el territorio, especialmente en zonas con menos recursos.

En cuanto al modelo de atención, el Gobierno plantea revisar la estrategia de cierre de hospitales psiquiátricos. Desde la cartera sanitaria sostienen que el traslado hacia hospitales generales no siempre resulta viable por limitaciones de infraestructura, personal y seguridad. En ese sentido, el proyecto propone sostener los establecimientos especializados dentro de una red de atención por niveles de complejidad.

También introduce un cambio conceptual: se reemplazará la expresión «padecimiento mental» por «trastornos mentales o del comportamiento», en línea con estándares internacionales, con el argumento de mejorar la precisión diagnóstica y agilizar intervenciones en situaciones críticas.

Internaciones: ¿Qué cambiaría?

Sobre las internaciones, se mantiene el criterio de excepcionalidad, pero con ajustes operativos. Un psiquiatra podrá indicar una internación involuntaria en una urgencia, que deberá ser validada por un equipo interdisciplinario en un plazo máximo de 24 horas. Además, se establece una notificación judicial dentro de las primeras 10 horas, con posibilidad de extensión.

En los casos de internación voluntaria, el alta quedará sujeta a la evaluación de la capacidad del paciente. Si esa condición no se cumple, el proceso podrá reconvertirse en involuntario con intervención judicial. Este punto responde a reclamos frecuentes de familiares sobre situaciones en las que la decisión del paciente entra en conflicto con su estado de salud.

El proyecto incorpora aportes de organizaciones de familiares, asociaciones profesionales y propuestas legislativas previas. Entre ellas, iniciativas impulsadas por referentes de la Coalición Cívica y La Libertad Avanza, que ya habían planteado modificaciones en el mismo sentido.

En el Congreso, el oficialismo confía en reunir apoyo para avanzar con la reforma, tras varios intentos fallidos en comisiones. Legisladores aliados sostienen que la ley vigente presenta falencias y que el sistema responde tarde frente a situaciones críticas.

El debate también incluye polémica y críticas. Especialistas de diversos ámbitos señalan que los problemas no radican solo en la norma, sino en su implementación, marcada por los recortes y la falta de presupuesto, escasez de datos y deficiencias en la formación profesional. Advierten que estas carencias impactan en la capacidad de respuesta del sistema y dejan a muchas familias sin contención adecuada.