El reemplazo se realizaría con árboles nativos o adaptados al ambiente urbano porteño, de rápido crecimiento y con bajo o nulo potencial alergénico. La autoridad de aplicación deberá elaborar un listado oficial de especies autorizadas, con la meta de favorecer la biodiversidad y el equilibrio ecológico.

Uno de los puntos más innovadores del proyecto es la incorporación de la participación ciudadana en el proceso de sustitución. Se prevé que el Gobierno porteño organice jornadas comunitarias de plantación y cuidado, campañas de sensibilización sobre arbolado y actividades educativas en las escuelas.

Para los docentes que acompañaron a los estudiantes en la redacción de la iniciativa, esta dimensión pedagógica es central: “Los chicos no solo aprendieron sobre ambiente y salud, también entendieron cómo funciona la elaboración de leyes y cómo se puede transformar la realidad desde la participación ciudadana”, destacaron.

En los fundamentos, los alumnos recuerdan que la Constitución de la Ciudad reconoce en su artículo 26 el derecho a gozar de un ambiente sano y en el artículo 20 el derecho a la salud integral. En este sentido, remarcan que el Estado tiene la obligación de actuar cuando se sabe que una especie del arbolado urbano genera molestias y enfermedades en la población.

La propuesta, aclaran, no busca “eliminar árboles”, sino sustituirlos por otros que también den sombra, favorezcan la biodiversidad y, al mismo tiempo, no enfermen a la población.