Denunciaron la ocupación ilegal de un complejo en construcción en la localidad de Margarita Belén, originalmente destinado a funcionar como Centro de Día y residencia para adultos mayores. Cabe mencionar que, según advirtieron desde el Gobierno provincial, la entrega del inmueble se realizó sin autorización y sin respetar la normativa vigente, aputnando directamente al intendente de la localidad, Javier Martínez.

Según informó el Instituto Provincial de Desarrollo Urbano y Vivienda (IPDUV), se trata de una obra que permanece bajo la posesión legal del organismo, que nunca fue transferida al municipio ni habilitada para uso habitacional.  Pese a ello, el predio fue ocupado y las unidades entregadas a familias, en lo que desde el Instituto calificaron como una usurpación de un bien público.

El proyecto, que presenta aproximadamente un 50% de avance, forma parte del programa Casa Activa y contempla 32 residencias, además de espacios comunes, atención médica y áreas para actividades recreativas y físicas.No fue diseñado como un barrio de viviendas familiares, sino como un dispositivo de contención integral para adultos mayores de Margarita Belén y localidades cercanas.

Desde el IPDUV remarcaron que la toma del predio altera el destino original de la obra, compromete su continuidad y genera un perjuicio tanto al Estado provincial como a la comunidad, especialmente a los adultos mayores que debían ser beneficiarios del proyecto una vez finalizado.

Responsabilidades y acciones legales

La denuncia apunta a que la ocupación habría sido instigada desde el ámbito municipal, atribuyéndole responsabilidad directa al intendente local, Javier Martínez, por haber promovido una entrega sin facultades legales para hacerlo.  Desde el organismo provincial sostienen que el jefe comunal se atribuyó competencias que no le corresponden, ya que la obra nunca dejó de estar bajo jurisdicción del Instituto de Vivienda.

En ese marco, el Gobierno provincial adelantó que avanzará con acciones administrativas y legales para recuperar el predio y retomar la obra, cuyo presupuesto estimado para su finalización asciende a 1.600 millones de pesos. Asimismo, se aseguró que el contrato de obra continúa vigente, lo que permitiría reactivar los trabajos una vez resuelta la situación.

Desde el IPDUV también señalaron que existen pruebas documentales y registros públicos que dan cuenta de la entrega irregular del inmueble, y subrayaron la necesidad de resguardar los recursos públicos en un contexto de restricciones financieras y deudas heredadas en materia habitacional.