El fiscal Patricio Sabadini presentó una acusación y pedido de investigación contra el ministro de la Producción y Desarrollo Económico Sostenible de Chaco, Hernán Halavacs , y otros funcionarios, por los delitos de «abuso de autoridad e incumplimiento de deberes de funcionario público», «tráfico de influencias», «negociaciones incompatibles con la función pública», «malversación de caudales públicos» y  «asociación ilícita». Además, solicitó ante la jueza Zunilda Niremperger el «cese de desmontes» en territorio chaqueño .

La presentación también va dirigida contra el ex Director de Bosques de la provincia y actualmente empresario forestal, Miguel Ángel López; el ex Subsecretario de Desarrollo Forestal, actual asesor legal del Ministerio de Producción y Desarrollo Económico Sostenible, Luciano Olivares; el diputado provincial y empresario forestal, Atlanto Honcheruk; el legislador provincial Juan José Bergia; el intendente de la localidad de El Espinillo, Zenón Cuellar; y Hernán Miguel Brunswig.

También se pidió que se inicie una investigación contra las empresas «Vicentin»; «Las Guindas» S.A; «Establecimiento Monterrey»; «Cuenca del Salado» S.A; «Grupo Buratovich Hermanos»; «MSU» S.A; «TRIAD» S.A; «Alejandro Hayes Coni», «Ricardo Shihon» y «Jerilderie» S.A; «CIGRA» S.A; y «La Nueva Piramide», entre otras, por «probable daño ambiental a la provincia en el marco de la Ley de responsabilidad penal contra las personas jurídicas 27401».

Estos hechos vienen enmarcados según la denuncia que dio inicio a la presente investigación por las presuntas irregularidades de los últimos años en el empleo de recategorizaciones prediales de suelo, que habrían posibilitado desmontes en gran parte del territorio provincial.

Desde la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas celebraron la imputación de la Fiscalía Federal a los funcionarios, diputados y empresas. «Esto representa un golpe decisivo contra la llamada Mafia del Desmonte de Chaco, organización criminal [que] devastó (y devasta) miles de hectáreas de monte nativo», expresaron.

«Esta decisión judicial es el primer paso para desbaratar esta organización criminal. Es crucial que las autoridades actúen con firmeza y celeridad», añadieron.