Se conoció el resultado del trabajo que realizó una Comisión especialmente conformada en INSSSEP que analizó los actos de la gestión de Jorge Capitanich durante los últimos meses de su mandato que culimó en diciembre pasado. Según la actual gestión, la evaluación de actos administrativos, que involucraron a más de 300 agentes del Instituto, «arrojó resultados contundentes»: «se identificaron designaciones incorrectas, incluyendo transferidos que carecieron de las intervenciones de las áreas competentes, agentes que fueron asignados a cargos superiores e instrumentos legales emitidos días antes de la culminación de la gestión saliente», informaron desde el Gobierno provincial. Además, indicaron que «se detectaron situaciones de manifiesta ilegalidad, arbitrariedad, inconstitucionalidad y avasallamiento del orden jurídico».

El estudio interno fue encomendado oportunamente por Resolución de Directorio N° 7210/23, donde se solicitó el análisis formal y material de los actos administrativos comprendidos entre el 18 de septiembre y el 8 de diciembre de 2023, es decir el último tramo de la gestión del exgobernador Capitanich.

Otra de las irregularidades constatadas, que fueron denunciadas por el nuevo directorio de la institución, fue la no renovación de 126 contratos de obras que prestaron servicio solamente el mes de diciembre y cuya renovación no representaba una obligación jurídica para el Instituto. Esta decisión fue motivo del paro llevado adelante por el gremio del INSSSEP que se extendió por más de 45 días y una acción judicial incausada que fue rechazada en ambas instancias por la justicia provincial, dando la razón a las nuevas autoridades.

Según informaron a la prensa, dentro de los ingresos a planta al organismo, «se incluyó una agente que contaba con retiro voluntario al momento de su inscripción, lo cual es de nulidad absoluta, como así también de agentes que no poseían el título correspondiente para la categoría que les fue asignada, incluyendo agentes que revestían la categoría profesional sin efectivamente serlo».

Por las irregularidades detectadas en el proceso administrativo, «el directorio, en unanimidad, resolvió regularizar y/o revocar las situaciones, dando intervención a la Fiscalía de Estado en los casos que correspondiera».

Desde el Gobierno expresaron que «este trabajo reafirma las expresiones realizadas tanto por la titular del Instituto, Irene Dumrauf; y el gobernador Leandro Zdero, quienes afirmaban la intencionalidad política que tenían las medidas de fuerza que fueron llevadas a cabo por el gremio; dejando a miles de afiliados sin la posibilidad de acceder a los servicios básicos que presta el Organismo».