El IADEM respaldó la adecuación de la Ley de Glaciares. Sostiene que normas más claras fortalecen la protección ambiental y respetan el federalismo constitucional.
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Federalismo y rol de las provincias
El comunicado remarca que el artículo 41 de la Constitución Nacional faculta al Congreso a dictar normas de presupuestos mínimos de protección ambiental, pero subraya que esa potestad debe ejercerse de manera armónica con el resto del texto constitucional. En particular, cita el artículo 124, que reconoce a las provincias el dominio originario de los recursos naturales existentes en sus territorios.
Certidumbre jurídica y protección ambiental
El IADEM aclaró que el involucramiento de las provincias no habilita conductas discrecionales ni contradicciones con el ordenamiento jurídico federal. Por el contrario, señaló que en un sistema federal las competencias nacionales y provinciales deben articularse de forma armónica, de modo que el ejercicio del dominio originario de los recursos naturales quede sujeto al cumplimiento de los presupuestos mínimos de protección ambiental y a la normativa dictada por el Congreso.
Asimismo, advirtió que ese dominio tampoco habilita a imponer restricciones irrazonables que desvirtúen las políticas federales orientadas a una explotación racional de los recursos naturales conforme al interés general.
Un debate legislativo clave
En el cierre del comunicado, el Instituto Argentino de Derecho para la Minería consideró imprescindible la sanción legislativa del proyecto de adecuación de la Ley de Glaciares para fortalecer la tutela ambiental, brindar certidumbre jurídica y consolidar el federalismo ambiental.
Lejos de plantear una oposición entre protección del ambiente y desarrollo productivo, o entre Nación y provincias, el IADEM afirmó que el desafío consiste en articular ambos planos de manera coherente, respetando el reparto constitucional de competencias y garantizando una protección eficaz de los glaciares como reservas estratégicas de recursos hídricos.
“La protección del ambiente no se debilita con normas claras y consensuadas: se fortalece”, concluyó la entidad, en línea con el criterio de federalismo de concertación señalado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación al analizar la Ley 26.639.
