La causa inició por la por la distorsión de los datos del Indec en el gobierno de Cristina Kirchner.
La justicia británica falló en contra de Argentina en un juicio relacionado con la manipulación del Producto Bruto Interno (PBI) durante el gobierno de Cristina Kirchner. La sentencia implica un monto de USD 1.400 millones, y fue emitida por los jueces Sara Falk, Martin Lewison y Andrew Popplewell en una instancia de apelación, dejando a Argentina la opción de recurrir a la Corte Suprema del Reino Unido.
La decisión se basa en las discrepancias entre dos series de cifras del PBI utilizadas por los demandantes. Según el fallo, cambiar la base del PBI real de la serie de 1993 a la de 2004 habría alterado la tasa de crecimiento anual del 6,76% al 3,10% en 2008, una diferencia significativa del 3,66%. Similarmente, la variación de las cifras entre las series de 1950 y 1960 también muestra diferencias notables en las tasas de crecimiento.
Sebastián Maril, experto en deuda, dijo que la estrategia legal de Argentina fue ineficaz en estos casos, resultando en pérdidas y acumulación de intereses y costos legales. Maril sugiere que es hora de que el presidente adopte una nueva estrategia legal y negocie con todos los acreedores, no solo en los casos relacionados con los «warrants» y el «Cupón PBI», sino también con YPF y Aerolíneas Argentinas, entre otros.
En 2023, el juez Simon Picken ordenó a Argentina pagar 1.300 millones de euros en intereses por el PBI de 2013 y continuar publicando la serie del PBI de 1993. Este fallo benefició a los fondos Palladian Partners, HBK Master Fund, Hirsh Group y Virtual Emerald International Limited, que demandaron al país en 2019, reclamando una indemnización de hasta 643 millones de euros (USD 704 millones).
En octubre, Picken prohibió a los acreedores cobrar debido a la situación económica de Argentina. A pesar de esto, el país sigue enfrentando múltiples litigios y necesita urgentemente revisar su enfoque legal para evitar más pérdidas financieras.
