En medio del escándalo que mantiene por su viaje a Punta del Este junto a su esposa, la Justicia ordenó medidas de prueba en el patrimonio de Manuel Adorni en la causa que lo investiga por presunto enriquicimiento ilícito.

Los detalles de la nueva medida de la Justicia sobre Manuel Adorni

De acuerdo a la información de Sergio Ferella en TN, el fiscal de la causa “ordenó todas las medidas de lo que tiene que ver con los delitos de investigación patrimonial“. A su vez detalló que fueron ”nueve medidas» en el marco de la investigación de su supuesta propiedad y la no declaración ante las autoridades.

“Ha pedido, por ejemplo, a todos los registros de la propiedad en Exaltación de la Cruz para saber si efectivamente está inscrito a nombre de él o su mujer, ya sea si cuenta con algún otro bien inmueble. También pidió las declaraciones juradas a la Oficina Anticorrupción e ingresos a la Secretaría General de Presidencia“, añadió.

Por otro lado, el periodista afirmó que el fiscal “estaba por pedir también todas las salidas del país de Adorni, ya sea en vuelo privado u otros medios«

Qué ocurrió en plena causa contra los vuelos de Manuel Adorni

Según se pudo conocer, el viernes durante la audiencia testimonial de Vanesa Elizabeth Tossi, mientras la testigo brindaba declaración ante el Fiscal Federal Gerardo Pollicita sobre los pormenores del vuelo que trasladó al Jefe de Gabinete Manuel Adorni hacia la ciudad de Punta del Este, Uruguay, la mujer recibió sucesivas llamadas telefónicas y mensajes de Marcelo Grandio.

En línea con el relato de Tossi, dichas comunicaciones se sumaron al envío previo de una carta documento en términos intimidatorios. Según explicó la secretaria, este tipo de acciones tenían como único fin amedrentarla y condicionar su relato.

Durante su declaración, sostuvo que el periodista fue quien efectuó el pago del mencionado traslado y que, además, habría solicitado explícitamente que no se emitiera la factura correspondiente por dicho servicio.

Por este motivo, el Fiscal Federal Gerardo Pollicita impulsó una investigación paralela para determinar la existencia de delitos de acción pública relacionados con amenazas y coacciones.

En su dictamen, el fiscal de la causa se refirió a las acciones de Marcelo Grandio y señaló que no representan meramente una situación de malestar subjetivo para la testigo.

Según expicó, constituyen indicadores concretos de presión que atentan contra la espontaneidad y la integridad de una fuente de prueba fundamental para el proceso.