Récord en las cárceles federales

Las cárceles federales que lideran ampliamente el ranking donde se producen torturas y/o tratos degradantes son el Complejo Penitenciario Federal de la Ciudad de Buenos Aires (Villa Devoto) y el Complejo Penitenciario Federal VI, Luján de Cuyo, en Mendoza. En el primero, se produjeron un total de 271 hechos, mientras que en el segundo fueron 109.

El informe pone especial énfasis en “el amplio espectro de unidades donde se han identificado víctimas de malos tratos y torturas: unidades que alojan varones y mujeres, de adultos/as y de jóvenes, de la zona metropolitana y del interior del país, unidades de antigua data o recientemente inauguradas, complejos de máxima seguridad y colonias penales. Esto confirma la extensión de la tortura y los malos tratos en todo el archipiélago penitenciario federal”.

Sin embargo, si se observan todas las categorías de maltrato y/o tortura, el listado de los principales casos está liderado por “Malas condiciones materiales de detención”, 427 casos; “Agresiones físicas”, 363 casos; “Aislamiento”, 146 casos; “Falta o deficiente asistencia de la salud”, 145 casos y “Falta o deficiente alimentación”, 99 casos entre muchos otros.

Cabe señalar que “El Registro Nacional de Casos de Tortura y/o Malos Tratos” fue creado en 2010 por acuerdo interinstitucional entre la Procuración Penitenciaria de la Nación (PPN), el Comité contra la Tortura de la Comisión por la Memoria de la provincia de Buenos Aires (CPM) y el Grupo de Estudios sobre el Sistema Penal y Derechos Humanos del Instituto de Investigaciones Gino Germani de la Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de Buenos Aires.

El Reporte N°7

Recientemente, la PPN dio a conocer el informe titulado “Revictimización”, en el cual aporta un dato que denota que la línea establecida en el informe anual se mantiene intacta, ya que solo en el primer semestre de 2025, 201 personas fueron víctimas de la violencia institucional ya sea por parte de las fuerzas de seguridad o del sistema penitenciario.

De acuerdo con el documento al que accedió Ámbito, el Reporte N°7 que lleva el nombre de “Víctimas de violencias penitenciarias/policiales reiteradas” da una panorama complejo para los primeros seis meses de este año: entre el 1 de enero de 2025 y el 30 de junio “se informaron 117 Expedientes del Procedimiento para la investigación y Documentación de Casos de Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanas o Degradantes con casos de tortura y malos tratos”.

Si se mira el detalle de lo que significa esa cifra, 101 expedientes son casos individuales, mientras que los 16 restantes son colectivos. Es de esa manera que se llega a la cifra de 201 víctimas durante el primer semestre. O sea, más de una víctima de la violencia policial o penitenciaria por día.

El informe de la Procuración Penitenciaria de la Nación aporta otra cifra más escalofriante aún: de las 201 víctimas detectadas, 17 sufrieron violencia policial o penitenciaria más de una vez.

La Provincia de Buenos Aires

Regresando al informe anual de Registro de Casos de Tortura y Malos Tratos, si se incluye a las provincias la cifra escala, en total, a “1198 víctimas de torturas y malos tratos, quienes describieron 4745 hechos de torturas y/o malos tratos”.

La provincia de Buenos Aires por la dimensión de su población carcelaria ocupa un lugar central. El informe detalla que hay “552 víctimas que nos permiten la individualización de un total de 3280 hechos de tortura y/o malos tratos”. Los tres penales donde más se registraron hechos de esta índole son los de Florencio Varela, Magdalena y Sierra Chica.

Si en el ámbito federal, las categorías que lideran el tipo de tortura son “Malas condiciones de detención” y “Agresiones Físicas”, en la provincia de Buenos Aires esos lugares los ocupan “Falta o deficiente asistencia de la salud” y “Aislamiento”. En el caso de la tortura y malos tratos por parte de la Policía Bonaerense los casos ascienden a 137.

Para cerrar, en su presentación concluyen: “La publicación de este décimo cuarto Informe Anual confirma, una vez más, que la tortura en el sistema penal argentino constituye un elemento estructural, extendido y persistente”.

Históricamente, el Servicio Penitenciario Federal (SPF) estuvo bajo la órbita del Ministerio de Justicia que era el responsable de responder por los casos denunciados por la Procuración Penitenciaria, un órgano autónomo que depende del Poder Legislativo, según la ley.

Al comienzo del gobierno de Javier Milei, Bullrich se quedó con el control del SPF y luego, mediante el decreto 373/2024 amplió sus facultades de control sobre el personal de todas las fuerzas, incluido los penitenciarios.