Actualmente ese fondo es de apenas $500 millones. La iniciativa de la Coalición Cívica también propone acelerar la declaración de emergencia si el PEN no se expide en un plazo determinado.
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La CC propone incrementar a $130.000 millones el fondo para emergencias agropecuarias.
- “La norma previó la creación de un fondo (FONEDA), estableciendo que sus recursos quedaban conformados por: las partidas asignadas anualmente por la Ley de Presupuesto -fijadas inicialmente en un monto mínimo equivalente a $500.000.000-; las herencias, legados y donaciones; las multas cobradas por infracciones a la ley; los fondos provenientes de préstamos nacionales e internacionales; y otros aportes que dispusiera el Estado nacional para atender situaciones de emergencia y/o desastre agropecuario”.
- “Sin embargo, dado que el monto mínimo de los recursos presupuestarios fue establecido en 2009 y considerando el proceso inflacionario sostenido que atravesó nuestro país desde entonces, dichos recursos se han ido desactualizando hasta encontrarse hoy en niveles absolutamente insuficientes. Por tal motivo, el presente proyecto propone su actualización, determinando que ese piso mínimo, para no sufrir una pérdida en términos reales y mantener la capacidad de respuesta, debe elevarse a $130.000.000.000 y actualizarse periódicamente”.
Otro punto polémico de los cambios que propone la CC es que la declaración de emergencia o desastre agropecuario no quede a discreción del Poder Ejecutivo. Empieza por un pedido de las provincia a la Comisión Nacional para que se expida en 5 días y comunique al PEN y si éste no se expide queda automáticamente declarada la emergencia o desastre.
El proyecto recuerda que en mayo de este año el gobierno de la provincia de Buenos Aires declaró el estado de emergencia en gran parte del territorio mientras que la respuesta nacional llegó en septiembre.
La norma también determina una serie de beneficios fiscales para los productores en zona de emergencia que contempla prórroga de vencimientos de impuestos, eximir total o parcialmente del impuesto a los Bienes Personales, descuentos del Impuesto a las Ganancias cuando el productor tiene que vender hacienda de manera obligada y suspensión de juicios por parte de ARCA, entre otros.



