El Ministerio de Salud de Mendoza presentó en la Justicia Civil las primeras diez denuncias contra padres que no cumplieron con el Calendario Nacional de Vacunación de sus hijos. La medida se toma en medio de un descenso sostenido de la inmunización y rebrotes de enfermedades prevenibles como el sarampión y la tos convulsa, que ya provocaron casos graves y muertes infantiles en el país.

La provincia es la primera en Argentina en recurrir formalmente a la vía judicial para exigir el cumplimiento de la vacunación obligatoria, marcando un antecedente nacional. El procedimiento fue reglamentado en agosto de 2025 y establece no solo la obligatoriedad de asistir a una audiencia, sino también un régimen de sanciones económicas y penales para quienes persistan en el incumplimiento.

Las denuncias presentadas apuntan a padres y tutores de niños y adolescentes que no recibieron las vacunas obligatorias. Tras ser notificados, los responsables deberán asistir a una audiencia en la Justicia Civil, donde personal sanitario explicará los graves riesgos que implica la falta de vacunación tanto para el menor como para la salud pública.

Luego de esa instancia, las familias tendrán un plazo de 30 días para completar las dosis pendientes.  Si no lo hacen, el Ministerio de Salud deberá informar al Equipo Técnico Interdisciplinario (ETI) y avanzar con el proceso judicial correspondiente.

Multas, arresto y trabajo comunitario: las sanciones para quienes no vacunen

La normativa vigente en Mendoza, respaldada por la Ley Nacional 27.491 y por el Código de Contravenciones provincial, establece un régimen de sanciones especialmente severo para los padres, tutores o responsables que no cumplan con el calendario obligatorio.

Las penalidades incluyen:

• Multas de entre USD 84.000 y USD 336.000, según el artículo 119 del Código de Contravenciones.
• Hasta cinco días de arresto, en caso de negativa persistente.
• Obligación de realizar trabajos comunitarios en hospitales u otras instituciones sanitarias.

Las multas pueden duplicarse o triplicarse en situaciones de reincidencia o cuando otros responsables —como instituciones educativas o funcionarios públicos— omitieron realizar la denuncia correspondiente.

El ministro de Salud, Rodolfo Montero, confirmó que estas son «las primeras diez denuncias judiciales contra padres por no haber cumplido con la vacunación de sus hijos», y advirtió que el objetivo es proteger el derecho a la salud de los menores en un contexto epidemiológico complejo.

La aparición de nuevos casos de sarampión —enfermedad que se consideraba eliminada desde 2016— y el aumento de contagios de tos convulsa aceleraron la decisión del Gobierno provincial de avanzar con medidas más estrictas para recuperar los niveles de cobertura.

Con este paso, Mendoza inaugura un esquema de sanciones más robusto para garantizar el cumplimiento del calendario oficial en un momento crítico para la salud pública.