Antes de la negativa del Congreso, la Justicia ya había frenado el decreto que promovía estos cierres. La jueza Martina Isabel Forns, del Juzgado Federal en lo Civil y Comercial y Contencioso Administrativo de San Martín N°2, detalló en el fallo que «se justifica el dictado de una medida cautelar de no innovar» con el objetivo de «evitar perjuicios irreparables y preservar el statu quo hasta tanto se resuelva la cuestión de fondo». Así, exigió al Gobierno «que se abstenga de ejecutar cualquier acto administrativo, que derive de la aplicación del decreto N°462/2025″ por el plazo de seis meses.