logra abrirse paso”
La Fiscalía de Investigaciones Administrativas (FIA) determinó que la diputada
provincial María Pía Chiacchio Cavana no incurrió en conflictos de intereses durante su
gestión como ministra de Desarrollo Social (2019-2023), ni se detectaron irregularidades
administrativas en su paso por el Ejecutivo provincial.
Con esta resolución, el organismo de control interno dispuso archivar la investigación
iniciada a partir de una denuncia presentada a fines de 2023 por legisladores del
oficialismo, quienes la acusaban de incumplir la Ley de Ética y Transparencia Pública y
de mantener un “flagrante conflicto de intereses” por supuestamente presidir una
fundación que recibía fondos estatales.
“Quisieron tapar la inacción con shows armados, falsas denuncias, ataques mediáticos
y la obsesión de creer que judicializar la política es gobernar. Pero hoy siento que
todavía quedan rincones del Estado donde el criterio, la objetividad, la imparcialidad y
la independencia pesan de verdad”, expresó Cavana en sus redes sociales.
La denuncia y las pruebas
La presentación fue firmada por los diputados Sebastián Lazzarini, Dorys Arkwright,
Rodrigo Pavón, Maida With, Zulma Galeano, Carlos Salom, Iván Gyoker, Samuel
Vargas, Francisco Romero Castelán y Zulema Wannesson. En el escrito, afirmaban que
Cavana presidía la Fundación Paulo Freire mientras era ministra y que esa entidad habría
recibido beneficios desde la cartera a su cargo.
Sin embargo, la investigación probó que al momento de asumir como ministra, Cavana
no presidía ninguna fundación; que sus ingresos provenían únicamente de su salario como
funcionaria; y que la Fundación Paulo Freire no recibió fondos, beneficios ni políticas
específicas de Desarrollo Social durante su gestión. Por el contrario, desde el año 2012 la
Fundación mantiene una relación institucional con el Ministerio de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología, desarrollada de manera adecuada y sostenida a través de distintas
gestiones de gobierno.
Los oficios remitidos por el Ministerio de Desarrollo Humano, la Secretaría General de
Gobernación y la Inspección de Personas Jurídicas —todos actualmente dirigidos por
autoridades del oficialismo— confirmaron estos datos. Además, la diputada se presentó
de forma espontánea a responder la denuncia, aportando documentación, declaraciones
juradas, registros impositivos y bancarios, así como testigos y oficios para que cada
afirmación fuera contrastada por los propios organismos estatales.
El cierre de la causa
Mediante la Resolución 2029/25, el fiscal general concluyó que “no se advierte una
situación de conflicto de intereses”, precisando que no existieron intereses personales que
hayan influido indebidamente en el ejercicio de sus funciones. En consecuencia, ordenó
el archivo definitivo de la denuncia.
“Por más ruido mediático que quieran montar, la verdad siempre logra abrirse paso”,
reiteró Cavana, destacando que todavía hay “lugares donde, aunque sea por un rato, se
logra frenar la degradación, el odio y la manipulación que hoy es moneda corriente desde
el oficialismo”.
En su cuenta de Instagram, la legisladora compartió la resolución completa para libre
acceso de la ciudadanía, reafirmando su compromiso con la transparencia.
