La jueza María Servini dictó el procesamiento de Nicolás Céspedez, inspector de la Policía Federal, por la represión del 12 de marzo cuando agredió a Beatriz Blanco.

Patricia Bullrich la definió como una “señora patotera” que le había dado “diez palazos” a un policía. Para la entonces ministra de Seguridad, Beatriz Blanco no había sido empujada sino que se había caído. Nueve meses después, quedó probado que los dichos de Bullrich eran mentirosos y estaban destinados a encubrir el accionar de las fuerzas a su cargo. La jueza federal María Servini procesó al inspector de la Policía Federal Argentina (PFA) Nicolás Emanuel Céspedez por el ataque que sufrió la jubilada de 82 años y descartó todas las versiones oficiales tendientes a mostrar a los efectivos como las víctimas y a la mujer mayor como victimaria. “No hace falta ver su documento de identidad para notar su fragilidad”, escribió la magistrada.

El 12 de marzo será recordado por la violencia que desplegó el Gobierno de Javier Milei ante la marcha de los jubilados. Ese día, el gendarme Héctor Guerrero le perforó el cráneo al fotógrafo Pablo Grillo y el prefecto Sebastián Martínez provocó que Jonathan Navarro perdiera la visión de un ojo. Beatriz Blanco fue otra de las víctimas de esa represión.

Entre las 16.15 y las 16.16, la mujer recibió un empujón por parte de un integrante del segundo batallón del Departamento Cuerpo Guardia de Infantería de la PFA. También fue gaseada por otro efectivo. La caída desde su altura le provocó un traumatismo encéfalo-craneano sin pérdida de conocimiento, que, de todas maneras, obligó a que fuera atendida en el hospital Argerich, donde debieron suturarle la herida en la cabeza.

En el juzgado a cargo de Servini se llevó adelante una extensa investigación para determinar quién había sido el atacante de la jubilada: convocaron a declarar a integrantes de la PFA que pudieran identificar quiénes estaban apostados en la zona de Avenida Rivadavia y Entre Ríos, a manifestantes y a periodistas y fotoreporteros que habían cubierto la protesta.

El 18 de noviembre, Servini llamó a indagatoria a Pablo Alexis Aldama, un oficial de la PFA de 29 años. El 4 de diciembre, Aldama amplió su declaración. Allí reconoció haber rociado con un disuasivo químico de gas pimienta (MK) a Blanco. Según él, fue después de haber recibido un bastonazo y para “disuadir” otra agresión.

En la declaración de Aldama terminó quedando claro quién había tirado a Blanco al suelo. “En otras palabras, no soy yo quien efectúa tal natural movimiento hacia la agresora, sino mi oficial a cargo, motivo por el cual no entiendo por qué soy llamado a declarar en indagatoria en la presente causa”, sostuvo en un descargo que presentó por escrito.

El 10 de diciembre, le imputaron a Céspedez haber sido quien lesionó a Blanco. En su declaración, el inspector de la PFA reiteró el libreto que había ensayado Bullrich desde las primeras horas. “Se trataba de una persona agresora de la cual yo ignoraba absolutamente su edad, siendo que lo único que hice fue tan solo girar mi cuerpo hacia la derecha”, manifestó.

Según Céspedez, él solo había tenido una “acción instintiva” o un “acto reflejo”. Servini no le creyó y lo procesó por haber empujado a una mujer de 82 años que se trasladaba con la ayuda de un bastón. Empleó la figura de lesiones leves agravadas por ser el atacante un integrante de las fuerzas de seguridad.

La jueza dio por acreditado que Blanco levantó su bastón ante los policías y que, al bajarlo, rozó levemente el casco de una agente —quien declaró que había sido un incidente totalmente menor que no requirió ningún tipo de asistencia—. “Lo cierto es que tal accionar de ninguna manera amerita o justifica de manera lógica la reacción totalmente desmedida, exagerada y deliberada por parte de Céspedez, apartándose de la normativa vigente y aplicable al caso”, afirmó la titular del Juzgado Federal N° 1 de Comodoro Py.

Servini recordó que ni el protocolo antipiquetes, cuya constitucionalidad está siendo cuestionada en el fuero contencioso-administrativo, habilita un accionar como el que ejerció Céspedez. De hecho, la resolución 943/2023 establece que “los efectivos emplearán la mínima fuerza necesaria y suficiente, con especial atención y cuidado ante la presencia de niños, mujeres embarazadas o ancianos”.

Tampoco el Manual de Capacitación Policial en el Uso Racional de la Fuerza justifica la actitud de Céspedez. Servini, además, señaló que gracias a la foto aportada por el fotógrafo Rodrigo Ruiz (Cítrica) se podía ver que la jubilada tenía los brazos bajos y no representaba una amenaza cuando recibió el empellón.

Por el contrario, Servini decidió sobreseer a Aldama pese a que lo había acusado de haber rociado de manera injustificada a Blanco. “Su desenvolvimiento podría aceptarse que se encontró dentro del marco de la normativa vigente que regula la actuación”, sostuvo la jueza. Según la magistrada, el policía usó el gas pimienta porque era el “medio menos lesivo que se encontraba a su alcance”.

Página/12