Mientras Vaca Muerta y la minería concentran inversiones récord, los proveedores industriales locales alertan que la sustitución acelerada por importaciones. Ahora surgió el temor que caiga la mano de obra especializada.
-
El Gobierno adjudicó El Chocón-Arroyito a MSU Green Energy
-
¿Se podrá cerrar la grieta económica en 2026?
La industria del petróleo, el gas y la minería atraviesa uno de los momentos de mayor protagonismo económico de las últimas décadas. Vaca Muerta, los proyectos de GNL y la expansión minera sobre la cordillera concentran inversiones millonarias y expectativas de crecimiento sostenido. Sin embargo, detrás de ese escenario optimista, los proveedores industriales locales encienden una señal de alerta: la estrategia de priorizar importaciones por sobre la producción nacional amenaza la sustentabilidad del propio modelo extractivo. Y para peor, dicen, a este preocupación se podría sumar a lo largo del 2026 una pérdida lenta, pero consisten de mano de obra especializada venezolana, que llegó al país por nuevas oportunidades, y ahora podrían regresar al Caribe con nuevo proyectos.
El eje de la política actual -reducir costos y mejorar competitividad- es compartido por el entramado proveedor. Pero la advertencia es clara: cuando la reducción de costos se apoya casi exclusivamente en la sustitución por productos importados, especialmente chinos, el impacto estructural puede ser irreversible. Bombas, válvulas, caños, bridas, juntas y equipamiento crítico para la industria energética están siendo reemplazados a gran velocidad, dejando a sectores industriales históricos sin demanda y forzando cierres silenciosos.
Esta preocupación conceptual encuentra respaldo en los datos. El último relevamiento del Grupo Argentino de Proveedores Petroleros (GAPP) muestra que más del 65% de las PyMEs industriales opera con al menos un 25% de capacidad ociosa, y que el 51% trabaja con niveles de ociosidad de entre 25% y 50%. Otro 16% supera el 50%, mientras que solo el 9% opera a plena capacidad. El diagnóstico es elocuente: la cadena de valor local no está siendo absorbida por el boom inversor.
Empleo en tensión y capacidades en riesgo
La consecuencia directa de esta dinámica es el empleo. Aunque el impacto todavía es contenido, las señales son claras. Según el informe del GAPP, el 31% de las empresas redujo personal, el 19% acortó turnos o jornadas y el 3% aplicó suspensiones. A esto se suma un dato clave: el 70% de las PyMEs canceló o postergó incorporaciones previstas, reflejo de una estrategia defensiva frente a la incertidumbre.
El contraste territorial también preocupa. Mientras en Neuquén se crean miles de puestos asociados al no convencional, en los grandes conurbanos se destruyen decenas de miles de empleos industriales formales, muchos de ellos vinculados a sectores que históricamente abastecieron a la energía y la minería.
Para los proveedores, este desbalance no solo es socialmente regresivo, sino también un riesgo sistémico para los propios inversores, cuyas inversiones quedan “adheridas al suelo argentino” y dependen de estabilidad económica, política y social de largo plazo.
El temor a una salida masiva de venezolanos de Vaca Muerta
Los datos oficiales del mercado laboral refuerzan la centralidad que hoy tienen los hidrocarburos y la minería en la Patagonia. Según el informe técnico “Mercado de trabajo. Tasas e indicadores socioeconómicos (EPH)” del INDEC, correspondiente al tercer trimestre de 2025, la región exhibió una tasa de desocupación del 5%, la más baja del país y claramente inferior al promedio nacional, que se ubicó en el 6,6%. En un contexto de fuerte heterogeneidad territorial, Vaca Muerta vuelve a destacarse como uno de los pocos motores capaces de sostener empleo en forma sostenida, tanto directo como indirecto.
Este desempeño no es coyuntural. La fortaleza del empleo patagónico está estrechamente ligada a su matriz productiva basada en la explotación de hidrocarburos y, en menor medida, en la minería orientada a la exportación. El desarrollo no convencional en Neuquén actúa como un ancla económica que derrama sobre servicios especializados, logística, transporte, metalmecánica y mantenimiento industrial. No obstante, el panorama no es homogéneo: en provincias como Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego, el empleo petrolero comienza a mostrar señales de fragilidad por el declive de los yacimientos convencionales, la salida de operadores históricos y la mayor sensibilidad a los precios internacionales del crudo.
Además del bajo desempleo, la Patagonia también se destaca por su alta tasa de actividad, que alcanzó el 47,4%, una de las más elevadas del país. Este indicador refleja no solo mayores niveles de ocupación, sino también una participación activa de la población en el mercado laboral. Salarios relativamente altos, demanda sostenida de perfiles técnicos y continuidad de proyectos energéticos explican por qué ciudades como Neuquén capital, Comodoro Rivadavia y Río Gallegos funcionan como polos de atracción laboral en un país donde otras regiones enfrentan crecientes dificultades para absorber mano de obra.
Datos oficiales de Migraciones indicaron que entre 2015 y 2017 llegaron unos 7.000 profesionales venezolanos al país, y que esa misma cantidad se erradicó solamente en 2018. Y que para 2019 ya sumaban 120.000 los inmigrantes venezolanos que llegaron al país en esos cuatro años, de los cuales había hay casi 14.000 ingenieros, y más del 10% están especializados en petróleo. Para 2025 se contabilizan unos 200.000 venezolanos en el país, y más de 2.000 en operaciones de hidrocarburos altamente calificados.
Sin embargo, este equilibrio también podría verse alterado por factores externos. Tras la intervención militar de Estados Unidos en Venezuela y las declaraciones de Donald Trump prometiendo tomar control de la industria petrolera venezolana junto a Chevrón y otras compañías para elevar la producción de casi 1 millón a 3 millones de barriles diarios, emerge un nuevo foco de incertidumbre. Cientos de trabajadores petroleros venezolanos que migraron a la Argentina en los últimos años podrían optar por regresar a su país o trasladarse a Guyana, donde se espera un desarrollo masivo del sector tras la distensión regional.
Guyana, impulsada por los descubrimientos del bloque Stabroek liderado por ExxonMobil, ya se proyecta como un actor clave del mercado global, con planes para superar los 1,2 millones de barriles diarios hacia 2027 y un crecimiento económico sin precedentes. Para la Patagonia, este eventual reordenamiento del mapa laboral regional suma un desafío adicional: retener talento y sostener empleo en un contexto global cada vez más competitivo.
Costos más bajos, ¿a qué precio?
Otro punto crítico señalado por los proveedores es la calidad y la seguridad operativa. Alertan que una parte significativa de los productos importados no cumple plenamente con las normas técnicas internacionales que las propias operadoras exigen en sus estándares corporativos. En sectores donde los materiales fueron normalizados precisamente para prevenir accidentes, derrames y daños ambientales, el apartamiento de esas normas introduce riesgos operativos, legales y reputacionales.
El planteo no es teórico. Los proveedores sostienen que basta con consultar a los equipos de operación, control de calidad o a los laboratorios especializados para detectar desvíos. También advierten que estas prácticas podrían generar contingencias para aseguradoras, financiadores e incluso para los directorios de compañías que cotizan en bolsa y reportan bajo criterios ESG.
Contratos, plazos y liquidez
El informe del GAPP agrega otro componente clave: la relación contractual con operadoras y empresas de servicios. Solo el 39% de las PyMEs afirma que los plazos de pago se cumplen correctamente. El 54% enfrenta demoras de entre tres y seis meses, y el 7% espera hasta un año. En materia de tarifas, menos del 40% logra ajustes adecuados, mientras que el resto negocia en condiciones desfavorables o directamente no consigue actualizaciones.
Estas demoras impactan de lleno en la liquidez y en la capacidad de planificación, profundizando la fragilidad financiera de empresas que, paradójicamente, son esenciales para la continuidad operativa de los grandes proyectos energéticos.
Optimismo condicionado hacia 2026
Aun así, el sector no renuncia al optimismo. El 60% de las empresas se declara expectante o altamente optimista frente a 2026, apoyado en la eventual tracción del RIGI, Vaca Muerta Oleducto Sur (VMOS) y los proyectos de GNL 1, 2 y 3. Otro 37% mantiene una postura moderada y solo el 3% expresa preocupación.
Pero el mensaje es contundente: sin una política activa que priorice el desarrollo de proveedores locales, el crecimiento puede volverse socialmente inestable y económicamente frágil. Los países que hoy lideran la energía mundial protegieron y fortalecieron sus cadenas industriales antes de consolidar salarios altos y tecnología de punta. El riesgo, advierten, es avanzar hacia un modelo de enclaves extractivos ricos en dólares, pero pobres en empleo, industria y cohesión social.
Para los proveedores, la discusión no es ideológica, sino estratégica: no hay seguridad jurídica sin estabilidad social, ni estabilidad social sin industria y empleo. Y en ese equilibrio -como en el cuerpo humano- basta que una arteria se rompa para que todo el sistema entre en crisis.
Los proveedores se quejan de las importaciones de origen chino: erosiona empleo, capacidades productivas y hasta la seguridad operativa. Ahora, temen por una salida de trabajadores venezolanos de la industria oil&gas.
