Reforma laboral: las primeras reacciones en el Senado

La línea oficial del Gobierno, que eligió bautizar este proyecto como “modernización laboral”, la expuso Manuel Adorni pero la divulgó en simultáneo el presidente del bloque libertario en Diputados, Gabriel Bornoroni. A través de un video, el cordobés interpeló a los usuarios señalando que “no se tocan tus derechos” sino que «lo que cambia es la organización”: “Reglas más claras, menos abusos y menos burocracia”.

La narrativa se extiende por los grupos de Whatsapp oficialistas, pero un senador de La Libertad Avanza corporizó las tensiones que se vivieron en la previa en las oficinas de Casa Rosada, al admitirle a Ámbito que “quedó un gusto amargo, porque no hicieron voluntario el aporte solitario. Vamos a seguir castigando a los trabajadores y beneficiando a los sindicatos, pero entiendo que el propósito de esto es la creación de empleo y no una guerra con la mafia sindical”. “Por lo demás muy conforme, porque se siguen bajando impuestos para que los argentinos tengan más poder adquisitivo y prácticamente se destruye la industria del juicio laboral, lo que de previsibilidad tanto al empresario como al trabajador”, agregó.

La bancada radical del Senado, que estuvo representada en el Consejo de Mayo por Carolina Losada pero también con la influencia del gobernador Alfredo Cornejo, anticipó a este medio que apoyará el grueso del proyecto -como el sistema de indemnizaciones o la reducción de aportes patronales, que ya ha planteado en comisiones legislativas en distintas ocasiones-, pero abrió la posibilidad de “plantear cambios de ser necesario”. Desde el bloque de Diputados de Provincias Unidas el tema no tomó ni siquiera dimensión de discusión conjunta, y postergarán el debate a la espera de la votación en la Cámara alta.

En estrategia conjunta con el sindicalismo, Unión por la Patria planteó que toda contrapropuesta llegará en ordinarias, porque el objetivo a corto plazo es evitar un tratamiento express. Bajo esas premisas, los argumentos en contra se enumeran. Algunos los planteó la rionegrina Ana Marks, electa este año: “Buscan avanzar también en la legalización de la precariedad laboral”; “esta reforma no le sirve ni a los empresarios, ni a los trabajadores. Este modelo destruye la industria y el consumo”; o “lejos de modernizar, este proyecto retrocede décadas en materia de derechos laborales, directamente a debilitar la organización colectiva de los trabajadores”, fueron sus argumentos para este medio.

Sin embargo, otro senador peronista pidió una revisión minuciosa del apartado impositivo de la reforma laboral, planteando que “está redactado por estudios jurídicos asociados a multinacionales y corporaciones”. En ese sentido, observó que existen intereses explícitos detrás del artículo 185 del texto, modifica un ítem del artículo 28 de la Ley N° 23.349 de Impuesto al Valor Agregado, para implementar de forma inmediata la reducción de la mitad de la alícuota para “la provisión de energía eléctrica utilizada en sistemas y/o equipos de riego con destino al sector agroindustrial”.