La reforma laboral que obtuvo media sanción en el Senado de la Nación Argentina incorpora por primera vez un marco jurídico específico para repartidores y conductores que operan a través de aplicaciones digitales.  El proyecto, que la próxima semana comenzará su debate en la Cámara de Diputados de la Nación Argentina, establece derechos y obligaciones para estos trabajadores y para las empresas tecnológicas, al tiempo que ratifica que no existe relación de dependencia laboral entre las partes.

La iniciativa alcanza a prestadores que ofrecen servicios mediante plataformas como Rappi, Pedidos Ya, Uber y Cabify, entre otras. El texto define a estos trabajadores como «prestadores independientes de plataformas tecnológicas», es decir, personas que acuerdan de manera autónoma servicios de reparto o movilidad con usuarios a través de aplicaciones.

Derechos y autonomía laboral

Entre los principales cambios, la normativa establece que los prestadores podrán conectarse libremente a diferentes aplicaciones, definir sus horarios, aceptar o rechazar pedidos sin necesidad de justificar su decisión y elegir el medio de transporte —bicicleta, moto, automóvil u otros vehículos autorizados— siempre que cumplan con las normas vigentes.

Asimismo, tendrán acceso a conocer los criterios que utilizan las plataformas para clasificar servicios y asignar tareas. Esa información deberá estar disponible en lenguaje claro y formato digital, con el objetivo de fortalecer la transparencia en la relación entre empresas y trabajadores.

El proyecto también garantiza el derecho a recibir explicaciones ante suspensiones o restricciones de acceso a las aplicaciones, así como la posibilidad de interactuar con operadores humanos para ejercer su derecho a réplica.

Obligaciones para las plataformas

La reforma incorpora una serie de responsabilidades para las empresas tecnológicas. Entre ellas, brindar información suficiente para que el prestador decida aceptar o rechazar servicios, respetar la libertad de conexión y ofrecer contenidos digitales sobre seguridad vial y prestación del servicio.

Además, deberán facilitar el acceso a elementos de protección según el vehículo utilizado, implementar mecanismos digitales de quejas accesibles para usuarios y habilitar canales de atención para los trabajadores, con personal destinado a brindar asistencia y explicaciones sobre decisiones que impacten en su actividad.

El texto también establece la obligación de ofrecer capacitaciones gratuitas sobre el uso de la infraestructura digital, la interacción con usuarios y prácticas seguras en la vía pública.

Responsabilidades de los trabajadores

Por su parte, los prestadores independientes deberán ser titulares de sus cuentas de usuario, estar registrados ante las autoridades fiscales, cumplir con sus obligaciones tributarias y realizar aportes que les permitan acceder a prestaciones como la Prestación Básica Universal, cobertura de salud y beneficios previsionales.

También deberán contar con una cuenta bancaria o billetera electrónica informada a la plataforma, respetar las normas de tránsito y mantener actualizada su situación fiscal.

Seguro, datos y remuneración

El proyecto prevé que los trabajadores cuenten con un seguro de accidentes personales que cubra fallecimiento, incapacidad permanente, gastos médicos y costos funerarios.  La responsabilidad económica del seguro será acordada entre las partes, sin que ello implique relación laboral.

En materia de datos, se reconoce el derecho a la portabilidad de la información generada en las plataformas, permitiendo su utilización en otros servicios digitales. Además, los prestadores conservarán el 100% de las propinas y podrán cobrar su remuneración directamente a través de las aplicaciones.

La iniciativa también reafirma la autonomía del trabajador para decidir cuándo conectarse, cuánto tiempo operar, interrumpir el uso de la app sin aviso previo —salvo responsabilidades civiles— y elegir recorridos según su conveniencia.