El Ministerio de Economía nacional destrabaría la votación comprometiéndose a respaldar la inversión que ya tenían aprobada las provincias.
Baja de imputabilidad: Monteoliva aseguró que «no se mezclarán adolescentes con adultos» en las cárceles
La agenda completa de extraordinarias: uno a uno, todos los temas que se debatirán en las sesiones
Los diputados Gabriel Bornoroni y Laura Rodríguez Machado junto a la ministra Alejandra Monteoliva, claves en el diseño del proyecto.
La contemplación económica deberá ser importante, puesto que el déficit en infraestructura penitenciaria es histórico y federal. Según los datos abiertos del Registro Nacional de Lugares, Población y Capacidad de alojamiento (RNLPyC) del Comité Nacional Para la Prevención de la Tortura (CNPT), existen 100 establecimientos especializados para el Sistema Penal Juvenil en la Argentina. Buenos Aires cuenta con 37 de ellos y Santa Fe con 10: ninguna otra provincia supera el dígito y 17 de ellas no superan las tres unidades. Tierra del Fuego no cuenta con ninguna. El mismo organismo detalló que esos edificios «en muchos casos no respetan los estándares mínimos de alojamiento en cuanto a metrajes mínimos, diseño y distribución de los espacios. En su mayoría, se asemejan a pequeñas cárceles, con rejas, puertas con candados y aislamiento constante”.
«Los libertarios impusieron un cronograma express de tratamiento del tema penal juvenil», planteó Germán Martínez, titular del bloque peronista, quien remarcó que se opuso «tajantemente a que un tema de esta profundidad se trate de esta manera». Sin embargo, el respaldo concreto de los oficialismos de Córdoba, Mendoza y Santa Fe, más el acuerdo con el radicalismo y el PRO, trazan un panorama optimista para La Libertad Avanza, que detalla que pasaron 29 expositores entre 2024 y 2025, por lo que finalizó el período de debate del proyecto. El camino parece conducir, inevitablemente, al Senado de la Nación.
