El impulso del triunfo electoral de La Libertad Avanza le permitió seguir sumando legisladores de otros bloques y prepara tres debates para diciembre.
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El Gobierno llamará a sesiones extraordinarias en el Congreso entre el 10 y el 31 de diciembre
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Presupuesto 2026: el Gobierno logró dictamen de la mayoría pero las negociaciones siguen abiertas
Javier Milei encabezó esta semana una reunión con los diputados electos de La Libertad Avanza.
La consolidación del equilibrio fiscal como status quo es un triunfo político libertario que incluso los más opositores (que confrontan cómo se llega al superávit, pero no ese objetivo como fin en sí mismo) no pueden eludir. El dictamen de los espacios del «centro» (Encuentro Federal, Democracia para Siempre, MID) experimentó una vía que conservaba superávit con la implementación de las leyes aprobadas por el Congreso, pero el Gobierno se blindó discursivamente con aumentos consecutivos para el sector de discapacidad y emergencia pediátrica. Si no son -tan- intransigentes con las provincias, los apoyos para el Presupuesto 2026 están al caer.
Las reformas prometidas en campaña
Luego del recambio se presentarán otras dos reformas que, para sostener la narrativa del dialoguismo, el Gobierno enmarcaría como resultado del trabajo del Consejo de Mayo. La propuesta que se mantiene con mayor hermetismo es el nuevo esquema impositivo, pero Ámbito ya pudo acceder a la otra iniciativa: la reforma laboral.
En su presentación en la Comisión de Presupuesto y Hacienda, el secretario de Trabajo Julio Cordero ratificó la política oficialista con respecto a los salarios básicos por convenio, que serán desplazados por un «plan de incremento salarial dinámico» y en sus expectativas generarían «que los empleadores les paguen más y mejor a los trabajadores que generan un diferencial y se destaquen». Una propuesta que podría incluirse es la conformación de un «banco de horas» para establecer una organización variable de distribución de la carga horaria del trabajador, según los períodos de mayor trabajo, lo que desplazaría la herramienta de las horas extras.
Finalmente, y desde el Senado, Patricia Bullrich iniciaría el tratamiento de lo que presentó en campaña como el Plan Nacional de Tolerancia Cero con el Crimen. Se trata de una reforma del Código Penal, que determinaría la imprescriptibilidad para delitos graves (como homicidios, delitos sexuales, trata de personas, secuestros extorsivos y narcotráfico) y subiría penas para el delito de hurto, que podría implicar una prisión de hasta tres años. La modificación del régimen de legítima defensa y la ley «antibarras» son otras de las prioridades de la funcionaria que dejará el Ministerio de Seguridad, mientras se mantienen las dudas sobre la propuesta oficialista de Régimen Penal Juvenil: mientras que en Diputados se avanzó con un proyecto que baja la edad de imputabilidad a 14 años, Bullrich prometió fijarla en 13.
