Decidido a profundizar el ajuste, Javier Milei hizo uso de sus facultades delegadas para cerrar o fusionar organismos. Sin embargo el desguace del Estado encontró un freno en el Congreso de la Nación.
Además, incluyó el restablecimiento de las misiones del Director Ejecutivo de la Agencia de Control de Concesiones y Servicios Públicos de Transporte (Decreto 584/25) y las obligaciones de la Secretaría de Hacienda (Decreto 585/25).
Milei también tuvo que dar marcha atrás con los cambios intentó aplicar por medio del Decreto 340/2025, que aprobaba un nuevo “Régimen de Excepción de la Marina Mercante Nacional”. En él también se había declarado a la navegación por agua marítima y/o fluvial como servicio esencial tanto como para el transporte de pasajeros, como para mercaderías lo que en la práctica implicaba un cercenamiento del derecho a huelga de los trabajadores del sector.
El gobierno libertario había intentados imponer la obligación de ofrecer el 75% de la prestación normal de los servicios, aunque estos fueran afectados por conflictos colectivos. También se habían flexibilizado los requisitos para la contratación de personal y se habían quitado las barreras burocráticas.
La eliminación de los cambios ordenados por decretos fueron rechazados definitivamente el 21 de agosto pasado, cuando el Senado trató las desregulaciones impulsadas por el presidente Milei. A lo largo del debate, la oposición apuntó la falta de justificación de eliminar organismos como, por ejemplo, Vialidad Nacional por presuntamente haber presentado casos de corrupción.
Decreto 628/2025:
Decreto 627/2025:






