Privatizar en su mejor momento es una pésima praxis de política pública. Argentina pertenece al selecto grupo de países que dominan la energía nuclear con fines pacíficos; desprenderse de un activo estratégico en la cresta de su productividad implica sacrificar previsibilidad y estrategia a cambio de un atajo político.

¿Quién compra el 44% sin control, con tarifa regulada y una central parada?

La pregunta no es menor. ¿Qué inversor serio entra a un 44% sin control accionario, con tarifas reguladas por la Secretaría de Energía y con Atucha I fuera de servicio por la extensión de vida? Incluso voces no estatistas, como Julián Gadano, señalaron el sinsentido: vender sin ceder control desalienta el interés privado y, en estas condiciones, el activo pierde atractivo.

En lugar de robustecer gobernanza, tarifas y cronogramas de inversión, se fuerza una privatización parcial simbólica, de pésimo timing.

Soberanía tecnológica vs. “señales” pro-mercado

El valor de NA-SA no se limita a sus 1.763 MW instalados. Su fortaleza es integrar el sistema nuclear argentino: operar y mantener centrales, articular con la CNEA, sostener el ciclo de combustible y proyectos estratégicos como el CAREM o la producción de agua pesada.

La Asociación Física Argentina fijó posición institucional: “No privatizar NA-SA”, por razones técnicas, económicas y de seguridad. Contribuye de manera estable a más del 7% de la matriz eléctrica nacional y con mínima huella de carbono.

El rumbo razonable no es vender, sino expandir la capacidad nuclear con reglas claras que garanticen energía limpia y accesible, sin convertir un activo estratégico en negocio para pocos

Conclusión política

Vender acciones de NA-SA hoy no mejora la política nuclear, no abarata la electricidad ni asegura inversiones. Es, en el mejor de los casos, un gesto de caja que hipoteca soberanía tecnológica y entrega un activo en plena madurez.

Lo que está en juego no es una empresa más: es el futuro del desarrollo nuclear argentino. Por eso, el Congreso y la comunidad científica tienen razones de peso para bloquear esta operación y concentrar esfuerzos en lo urgente: culminar la extensión de vida de Atucha I y retomar la agenda de investigación y desarrollo —CAREM, combustible y agua pesada— bajo conducción pública.