El Consejo Profesional de la Abogacía de la Primera Circunscripción Judicial del Chaco emitió un pronunciamiento institucional titulado «Informar no es condenar: el estado de inocencia también rige ante los medios», a través del cual expresó su profunda preocupación por la exposición mediática de causas penales en trámite por parte del Ministerio Público Fiscal.

En ese marco, el presidente de la entidad, José Miguel Vigier, ratificó que el planteo responde a una cuestión estrictamente estructural de resguardo constitucional y de las garantías del debido proceso.

El detonante de la postura gremial fue la conferencia de prensa brindada el pasado 20 de octubre por fiscales sobre denuncias contra el ginecólogo Gustavo Kumiega. Al respecto, Vigier precisó: «Lo que ha hecho el Consejo es referir a una metodología de tratamiento de casos penales por parte de la Fiscalía, incluso también de la querella, incluso de las defensas, que consideramos que puede comprometer una garantía fundamental del Estado Constitucional, como es el estado de inocencia».

Asimismo, el dirigente remarcó el respaldo institucional a las víctimas denunciantes: «Lo primero que hemos hecho en nuestro comunicado, que creo que no se ha leído completo, es asegurar el derecho que tienen las personas, las mujeres que han denunciado, a ser escuchadas, a ser resguardadas y a tener con diligencia un proceso que termine con la verdad y eventualmente con la justicia para ellas».

RIESGOS PARA EL JUICIO POR JURADOS Y NULIDADES PROCESALES

En el documento difundido por la entidad profesional, se advierte que «cuando quien acusa presenta su hipótesis como un hecho comprobado, adelanta una pena social irreparable e instala un prejuicio de culpabilidad difícil de revertir».

En línea con la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, recordaron que las autoridades tienen la obligación convencional y constitucional de actuar con discreción y prudencia.

El Consejo hizo hincapié en el impacto directo sobre el sistema chaqueño de juicio por jurados (Ley 2364-B):

• Contaminación de jurados: la normativa prohíbe que el jurado conozca el legajo previo de investigación bajo pena de nulidad (art. 62), pauta que se vulnera si las pruebas se difunden masivamente en los medios.
• Imparcialidad comprometida: la ley contempla cambiar de sede el juicio cuando la conmoción social impida conformar un jurado imparcial (art. 5), situación que no debería ser provocada por la propia parte acusadora.
• Riesgo procesal: «La reserva también las protege, porque lo que se gana en una conferencia de prensa puede perderse en la nulidad de un juicio», señala el documento.

UN LLAMADO A LA PRUDENCIA INSTITUCIONAL Y A PAUTAS CLARAS

Vigier insistió en que el Consejo no interviene en defensas particulares: «El Consejo nunca va a asumir la defensa pública de ninguna persona porque no nos corresponde. Sí nos corresponde analizar estructuralmente la defensa y el resguardo de las garantías del debido proceso».

En ese sentido, aclaró que la causa del médico se citó por ser la más reciente manifestación de una práctica acumulativa: «Alta exposición mediática, una conferencia de prensa por parte de varios fiscales… la metodología es lo que nos ha motivado y generado preocupación. No es para este caso puntual, es estructural, en defensa de las garantías de las víctimas y para futuros casos».

El comunicado también cuestionó la conformación discrecional de equipos especiales de fiscales y peritos basada en el impacto televisivo o mediático, advirtiendo que los recursos judiciales son limitados y que todas las víctimas merecen idéntica debida diligencia.

Finalmente, el Consejo solicitó formalmente a la Procuración General la redacción de directivas para informar sin prejuzgar y el establecimiento de criterios objetivos para la asignación de recursos extraordinarios, ofreciendo su colaboración técnica y sintetizando su postura en una premisa central: «La culpabilidad se prueba en el juicio. No en una conferencia de prensa».