El Ministerio de Justicia recurre nuevamente a la figura de una auditoría – como había hecho con las reparaciones a las víctimas del terrorismo de Estado – para congelar los pagos. Dice que no va a transferir fondos para pagar los sueldos y corren riesgo las actividades en el espacio de memoria. Los trabajadores se reúnen para decidir qué pasos tomar.

El Gobierno de Javier Milei está decidido a acelerar su avanzada contra las políticas de memoria, verdad y justicia. Dos días después de la movilización masiva a Plaza de Mayo por los 49 años del inicio de la dictadura, el Ministerio de Justicia informó que haría una auditoría en el espacio de memoria y derechos humanos que funciona en lo que fue el campo de concentración de la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA).

No se trata únicamente de controlar papeles, un funcionario que responde a Mariano Cúneo Libarona anunció que congelarán por 60 días las transferencias, lo que impediría pagar los sueldos y pondría al lugar en un serio riesgo de parálisis. La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) decidió un cese de tareas durante el fin de semana y convocó una asamblea para hoy para determinar los pasos a seguir.

En las últimas cuatro décadas, la ESMA se convirtió en un escenario privilegiado para las disputas por la memoria. La administración de La Libertad Avanza (LLA) lo sabe y quiere librar su batalla. Desde que en 2004 Néstor Kirchner decidió sacar a la Marina del lugar, el antiguo centro clandestino de detención se convirtió en un espacio de memoria.

En el predio de Avenida del Libertador al 8151, hay edificios oficiales y otros que son manejados por los organismos de derechos humanos. La Secretaría de Derechos Humanos (SDH) tiene su sede principal allí. Funciona el museo del sitio de memoria en lo que fue el casino de oficiales, donde se estima que 5000 personas estuvieron secuestradas durante los años del terrorismo de Estado. En 2023, la UNESCO lo declaró Patrimonio de la Humanidad.

El predio es administrado por un ente tripartito, que está integrado por la Nación, la Ciudad de Buenos Aires y los organismos de derechos humanos. El ente se ocupa de garantizar todas las actividades comunes, que van desde la promoción, las visitas guiadas, la seguridad y el mantenimiento del lugar.

Pasadas las 19.45 del miércoles, el subsecretario de Gestión Administrativa del Ministerio de Justicia, Juan Cruz Montero, firmó una nota en la que anunciaba que se haría una auditoría a partir del 1 de abril próximo y que, por tal motivo, suspendería por 60 días las transferencias al ente.

Las implicancias de esta decisión son claras: no habrá dinero, si no se revierte la decisión, para pagar los sueldos. Desde el ente les avisaron de esta novedad a los trabajadores y les dijeron que en las cuentas solo había 267.603,15 pesos. ATE Nacional decidió un cese de tareas para sábado y domingo –lo que obligó a levantar las actividades que habían planificado los organismos.Y este lunes habrá una asamblea de trabajadores en el edificio Cuatro Columnas.

Desde el directorio de organismos declinaron hacer declaraciones por el momento. Existe una marcada preocupación por la situación de los empleados del ente y el mantenimiento del espacio.

Desde el 2 de enero, el Centro Cultural de la Memoria Haroldo Conti, que funcionaba desde 2008, está cerrado por decisión del secretario de Derechos Humanos. Si bien Baños había hecho trascender que iba a presentar una nueva programación en febrero o marzo, ese plazo se extinguió, y lo único que quedó en claro fue la intención de la administración libertaria de ir vaciando la exESMA.