En una sesión maratónica, el Senado aprobó el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), correspondiente a los artículos 162 a 226 de la Ley Bases, con 38 votos a favor y 32 en contra.
Antes de los cierres de los jefes de bloque en el debate de la Ley Bases, el presidente provisional del Senado, Bartolomé Abdala, anunció varias modificaciones para blindar el articulado y evitar posibles derrotas. La primera de estas modificaciones afectó al artículo 165, que ahora limita el régimen a sectores específicos: foresto industria, infraestructura, minería, energía y tecnología, siempre que cumplan con los requisitos previstos.
Además, se añadió una cláusula para fomentar el uso de proveedores locales, estableciendo que al menos el 20% de la inversión debe destinarse a proveedores locales, siempre que la oferta esté disponible y cumpla con las condiciones de precio y calidad del mercado. Este porcentaje debe mantenerse durante las etapas de construcción y operación.
Otro cambio significativo se realizó en el artículo 196, que regula los incentivos cambiarios. Este artículo limita la obligación de liquidación en el mercado de cambios a las divisas provenientes de exportaciones generadas por los proyectos. La liquidación será del 20% después de dos años, del 40% después de tres años, y del 100% a partir de los cuatro años. Para las exportaciones declaradas como «Exportación Estratégica de Largo Plazo», los plazos se computarán de la siguiente manera: 20% después de un año, 40% después de dos años y 100% después de tres años.
El artículo 205 también fue modificado para permitir que las acciones, cuotas o participaciones sociales de los VPU adheridos al RIGI puedan ser objeto de negocios jurídicos de garantía. Esto incluye prenda, cesión en garantía, fideicomiso, entre otros, con entidades financieras y organismos de crédito, sin necesidad de autorización previa, aunque deberá ser informado a la autoridad de aplicación dentro de los quince días siguientes.
Por último, el artículo 175 fue revisado para morigerar el procedimiento de aprobación de un VPU y evitar rechazos por cuestiones formales. Desde la presentación de la solicitud de adhesión y el plan de inversión, la autoridad de aplicación contará con un plazo máximo de 45 días para expedirse, y deberá notificar su decisión dentro de los cinco días hábiles posteriores. Durante este plazo, la autoridad puede solicitar información complementaria y citar a los representantes del VPU para una audiencia, suspendiendo el plazo hasta recibir la información requerida.
