El Equipo Fiscal Especial que investiga la desaparición de Axel González resolvió que cuatro fuerzas nacionales conduzcan las pesquisas. El Comité para la Prevención de la Tortura celebró la medida, pero advirtió que debió adoptarse desde el primer día.
La Fiscalía de Cámara Primera, a cargo de Noelia Encinas, y el Equipo Fiscal N° 14, conducido por Julieta Arolfo, dispusieron la intervención de las fuerzas de seguridad federales en la causa que investiga la desaparición de Axel Alejandro González y ordenaron el cese inmediato de la Policía del Chaco en todas las tareas investigativas vinculadas al caso.
La resolución ordena la actuación conjunta de la Policía Federal Argentina, la Gendarmería Nacional, la Prefectura Naval Argentina y la Policía de Seguridad Aeroportuaria. La medida fue adoptada tras el pedido del Procurador General, Jorge Canteros, que solicitó la incorporación de organismos federales al expediente.
Además, se instruyó a la coordinadora del Sistema Federal de Búsqueda de Personas Desaparecidas y Extraviadas (Sifebu), Paula Sánchez Ayala, para que designe la unidad de investigación federal que intervendrá en la causa, la cual deberá quedar a disposición del Equipo Fiscal N° 14 para iniciar las diligencias que correspondan.
En simultáneo, la Justicia ordenó a la Dirección de Investigaciones Complejas de la Policía del Chaco —encabezada por el comisario Nelson Alvarenga— que cese toda intervención en la recepción de testimonios, recolección de pruebas y demás actos investigativos a partir de la fecha de la resolución. La dirección deberá remitir de manera inmediata al Equipo Fiscal N° 14 la totalidad del material probatorio reunido hasta el momento: evidencias, datos e informes.
“Debió adoptarse desde el inicio”
El Comité para la Prevención de la Tortura del Chaco valoró la decisión, pero fue enfático en señalar sus límites: la medida era necesaria y adecuada, pero llegó tarde.
El organismo recordó que había solicitado el apartamiento policial desde los primeros días de la investigación —primero de manera informal ante el Fiscal Especial de Derechos Humanos, Luciano Santos; luego ante autoridades del Poder Ejecutivo provincial; y finalmente de forma formal en sede judicial—, sin que la petición fuera atendida en tiempo oportuno.
“Las primeras horas y los primeros días son cruciales para la preservación de la prueba”, señaló el Comité en su comunicado, advirtiendo que la demora en excluir a las fuerzas potencialmente involucradas puede haber comprometido la eficacia de las medidas de prueba y dificultado la reconstrucción de los hechos.
El organismo indicó que la resolución se ajusta a los estándares nacionales e internacionales aplicables a investigaciones en las que podrían estar involucrados agentes estatales, los cuales exigen que las diligencias sean conducidas por órganos independientes y ajenos a cualquier conflicto de intereses. Y ratificó su acompañamiento a la familia de Axel González, que se encuentra desaparecido desde el pasado 17 de mayo.
