Desde diciembre de 2023, la gestión del presidente Milei ha implementado una política deliberada de ajuste y desmantelamiento del sector público nacional, con un impacto tanto en la dotación de personal como en las capacidades operativas del Estado. Se perdieron 72.522 puestos de trabajo, lo que representa una caída del 21% en la planta de personal del Sector Público Nacional. Es decir, casi 70 personas por día
El informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA) indica que, en términos absolutos, la administración descentralizada del Estado concentra la mayor cantidad de despidos, seguidas por las empresas y sociedades y los organismos centralizados. En términos proporcionales, el ajuste golpeó con más fuerza a la administración centralizada, revelando un vaciamiento de funciones propias del Poder Ejecutivo.
Dotación de personal del Sector Público Nacional: datos a julio 2026
Analizando por sector, puede observarse que, en términos absolutos, la mayor parte del recorte recae sobre la administración descentralizada (los organismos o entes públicos que manejan asuntos específicos con autonomía técnica, administrativa y financiera); en segundo y tercer lugar las empresas y sociedades y la administración centralizada (conjunto de órganos y dependencias que integran directamente al Poder Ejecutivo nacional) respectivamente; y en cuarto y quinto lugar, la administración desconcentrada (el conjunto de oficinas y delegaciones del gobierno central para ejecutar funciones en diferentes zonas del país) y otros entes respectivamente.
En términos porcentuales, la mayor parte del recorte recae en la administración centralizada; en segundo y tercer lugar, las empresas y sociedades y la administración descentralizada; y en cuarto y quinto lugar, corresponde a la administración desconcentrada y a otros entes respectivamente
Análisis por empresas o sociedades
El análisis por empresa muestra que el caso más significativo en términos absolutos es el del Correo Argentino, que encabeza el listado con 5.618 despidos. Le siguen Operadora Ferroviaria con 4.305, Banco Nación con 2.381 cesantías, y Aerolíneas Argentinas, con 1.923 despidos y en Agua y Saneamientos Argentinos S.A. (AYSA) 1.866.
En la Casa de la Moneda se contabilizaron 717 despidos, poniendo en riesgo la capacidad operativa de la empresa, Corredores Viales S.A. con 695 despidos, la Agencia de Publicidad del Estado y Belgrano Cargas y Logística corrieron suertes similares al contar con 639 y 621 despidos correspondientes.
Finalmente, en Radio y Televisión Argentina S.E. se desvincularon 489 trabajadores, lo que representa otra ataque directo a la capacidad del Estado de comunicar y ampliar las voces.
Estos datos no solo reflejan una política de ajuste, sino también un profundo cambio en la concepción del rol del Estado, con consecuencias directas sobre miles de trabajadores y sobre áreas clave para la infraestructura, la soberanía y el desarrollo nacional.
En términos proporcionales, el recorte más drástico se dio en la ex Télam, donde se despidió al 79% del personal. Le sigue ENARSA Patagonia, y luego los casos de Educar S.A., Contenidos Públicos S.E y la Casa de la Moneda, que también presentan reducciones especialmente significativas.
En el ámbito de la Administración Pública Nacional (APN) en base a los organismos desconcentrados y descentralizados, el caso más significativo en términos absolutos es el de ARCA, con 3.463 puestos de trabajo eliminados, lo que representa un golpe directo a la capacidad de fiscalización, recaudación y control administrativo del Estado. Este recorte masivo compromete el funcionamiento de un organismo clave para la sostenibilidad financiera del sector público y la eficiencia en la gestión de los recursos.
En el plano social y previsional, los recortes también fueron significativos. La ANSES (Administración Nacional de la Seguridad Social) uno de los principales brazos operativos del Estado en materia de derechos sociales perdió 3.004 trabajadores, lo que afecta la atención al público, la gestión de jubilaciones, pensiones, asignaciones familiares y programas sociales. Esta pérdida de capacidad repercute directamente en los sectores más vulnerables, que requieren de un Estado presente y eficaz.
El ajuste también impactó con fuerza en organismos científicos y técnicos fundamentales para el desarrollo estratégico nacional. El CONICET, principal institución de promoción de la investigación científica en el país, sufrió una reducción de 2.121 trabajadores, entre investigadores, técnicos y personal de apoyo.
En términos proporcionales, el recorte más severo se produjo en el Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales, que perdió el 63% de su planta de personal. En segundo lugar, se ubica la Junta de Seguridad en el Transporte (JST) con una reducción del 53 %, y en tercer lugar el INAES que sufrió un recorte del 46% de su dotación.
