«Estamos viviendo una inseguridad jurídica terrible», afirmó este viernes Walter Bernard, secretario general de la Unión de Trabajadores Judiciales del Chaco (UTJCH). Sus declaraciones se dan en medio del conflicto por el posible desenganche salarial de los trabajadores judiciales, vinculado con la causa «Alonso de Martina» y el Proyecto de Ley 2141/26.

La discusión gira alrededor del sistema de porcentualidad salarial —también llamado enganche—, que relaciona los salarios de las distintas categorías del Poder Judicial. Los gremios rechazan que se avance con cambios que, según advierten, podrían beneficiar de manera diferenciada a magistrados y funcionarios y dejar afuera al resto del personal. La Intergremial vincula el proyecto 2141/26 con el expediente «Alonso de Martina».

Bernard sostuvo que, además del impacto salarial, le preocupa la división de poderes y la seguridad jurídica. «La gravedad que nosotros vemos aquí es que quien está llamado a garantizar el cumplimiento del orden constitucional lo esté violando, como es el mismo Poder Judicial a través de algunos jueces», expresó, en referencia a la actuación del Tribunal Ad Hoc que interviene en la causa.

El dirigente dijo que la UTJCH presentó planteos ante la Legislatura para que se forme una comisión investigadora y se convoque al Tribunal Ad Hoc a dar informes. «Hemos presentado varios planteos a la Legislatura para que forme una comisión investigadora y ellos llamen al tribunal ad hoc a dar informes y no al revés», señaló.

También acusó a la Justicia de presionar al Poder Legislativo para que sancione una ley solicitada por una de las partes del juicio. «La justicia está apretando directamente en esta instancia al poder legislativo para que sancione una ley que es a pedido de una de las partes en un juicio» , afirmó. Bernard calificó esa situación como de «gravedad institucional».

Sobre el expediente, el secretario general de la UTJCH aseguró que «se han dictado cinco sentencias» y sostuvo que, a su entender, solo correspondía una, con carácter de cosa juzgada. «No se puede corregir ni modificar», planteó.

El planteo de la Intergremial

Las declaraciones de Bernard se conocieron un día después del comunicado de la Intergremial Judicial del Chaco, que cuestionó la integración del Tribunal Ad Hoc y pidió garantías de independencia e imparcialidad para resolver la causa. La organización advirtió que el expediente involucra el régimen salarial de los trabajadores y a autoridades del propio Poder Judicial.

En ese pronunciamiento, los gremios también cuestionaron la actuación del juez Sergio Cáceres Olivera: señalaron que, luego de dictar sentencias complementarias cuyo procedimiento consideran irregular, se apartó de la causa y promovió un amparo para reclamar derechos relacionados con esas resoluciones. Ese planteo forma parte de los argumentos de la Intergremial y no constituye una conclusión judicial sobre el caso.

La organización reclamó que la Legislatura investigue la actuación del Tribunal Ad Hoc y rechazó cualquier modificación que pueda quebrar la porcentualidad salarial. En la información difundida por Bernard y en el comunicado gremial no se incluyeron respuestas del Tribunal Ad Hoc, del Superior Tribunal de Justicia ni de los poderes Legislativo y Ejecutivo.