En línea con los ajustes anunciados recientemente, el presidente Javier Milei oficializó restricciones para la contratación de personal en el Sector Público Nacional a partir del 1 de enero de 2025. 

Según el Decreto 1148/2024 , el objetivo es «garantizar el ejercicio eficiente y responsable del presupuesto nacional», en el marco de la «motosierra profunda» mencionada por el mandatario días atrás.

El decreto, firmado por Milei y el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, establece la prohibición de realizar nuevas designaciones y contrataciones en las distintas jurisdicciones y entidades públicas. 

Esto incluye plantas transitorias, contratos autónomos y designaciones permanentes o temporales. No obstante, el documento aclara que «los límites establecidos no deben ir en desmedro de la posibilidad de realizar designaciones y contrataciones de personal cuando respondan a necesidades estratégicas para el funcionamiento del Sector Público Nacional».

Entre las excepciones contempladas se encuentran sectores clave como el sistema científico-tecnológico, universidades, fuerzas de seguridad, servicios de salud esenciales y programas que cumplen con el cupo de discapacidad. También se exceptúan las prórrogas de contratos vigentes y los procesos de movilidad interna dentro de la administración pública.

Para las contrataciones que no estén contempladas en estas excepciones, se permitirá un ingreso por cada tres bajas, derivadas de renuncias, jubilaciones o desvinculaciones. Dichas incorporaciones deberán ser avaladas por la Subsecretaría de Modernización y Desarrollo del Empleo Público. 

Además, las entidades que hayan implementado procesos de racionalización de personal podrán solicitar excepciones, siempre que justifiquen necesidades estratégicas y obtengan la aprobación de las autoridades correspondientes.

El decreto también establece que los aspirantes a ingresar al servicio público nacional deberán superar la Evaluación General de Conocimientos y Competencias, una medida que el Gobierno ya comenzó a implementar.

La medida se fundamenta en la emergencia pública económica, financiera y administrativa previamente declarada. Según el texto oficial, busca asegurar «el mantenimiento de una planta de personal que se adecúe razonablemente a las estructuras y necesidades del Sector Público Nacional».

Asimismo, se insta a las empresas y fondos fiduciarios estatales a adoptar medidas similares en sus respectivos ámbitos. La norma entrará en vigencia el 1° de enero de 2025, y será la Secretaría de Transformación y Función Pública la encargada de dictar las disposiciones complementarias necesarias.