POR UNANIMIDAD, EL SENADO APROBÓ LA NUEVA LEY DE DISCAPACIDAD

El oficialismo cedió ante las modificaciones impuestas en Diputados para avanzar con la aprobación. La iniciativa sale de la emergencia que vencía a fin de año.

Tras varias horas de debate, el Senado sancionó la nueva ley de Discapacidad. Finalmente, hubo consenso por el proyecto y fue aprobado por 71 votos a favor y ninguno en contra.

La iniciativa ya contaba con el visto bueno del Senado, pero luego fue aprobada en la Cámara de Diputados con modificaciones, lo que obligó a que regrese a la Cámara Alta, donde aceptaron los cambios como mantener la pensión no contributiva, su actualización por inflación, el nomenclador universal de prestaciones y el arancel unificado, entre otras cuestiones.

El proyecto denominado «Ley de Fortalecimiento, Sostenibilidad y Eficiencia Permanente del Sistema de Discapacidad»  busca convertir en permanente el esquema de beneficios establecido por la Ley 27.793, que hasta ahora tenía carácter de emergencia y transitoriedad. De esta manera, sus disposiciones pasarían a ser una política de Estado, con vigencia más allá de los cambios de gobierno.

Entre sus principales medidas, establece la compatibilidad entre el cobro de una pensión no contributiva por discapacidad, equivalente al 70% de la jubilación mínima, y el trabajo formal o la inscripción en el monotributo, siempre que los ingresos no superen los dos salarios mínimos, vitales y móviles. El beneficio alcanza a quienes cuentan con el Certificado Único de Discapacidad (CUD).

Además, mantiene el nomenclador único de prestaciones, establece la actualización automática de los aranceles según la movilidad jubilatoria y garantiza la cobertura médica básica de Incluir Salud. También dispone que el presupuesto del Ministerio de Salud destinado a esta área no podrá ser inferior, en términos reales, al del año anterior.

Por otra parte, incorpora auditorías periódicas mediante el cruce de información entre organismos estatales, bajo el principio del debido proceso inclusivo. Finalmente, contempla un cronograma para cancelar las compensaciones adeudadas a los prestadores y fija un plazo máximo de 30 días para que el Poder Ejecutivo reglamente la ley.

El temario continuará con el proyecto de propiedad privada y la adhesión al Tratado de Cooperación en Materia de Patentes o Patent Cooperation Treaty (PCT), pedido por los Estados Unidos.

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